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Preocupa que criminalización del aborto niegue derecho a niñas

Por Isabel Villar
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En la región, dos niñas cursan embarazos producto de sendas violaciones y a ambas se les ha negado el aborto: una de ellas tiene 11 años y fue abusada en Uruguay por la pareja de su hermana; la otra tiene 10 años y la violó en Paraguay su padrastro.
 
En los dos casos la justicia declinó competencia en los profesionales de la salud, y éstos alegan que “la vida de las niñas no está en riesgo”.
 
Una denuncia anónima puso sobre aviso del embarazo de una niña de 11 años en Uruguay. La pareja de su hermana la violaba mientras ella iba a cuidar a su sobrino. Esta niña insiste en que quiere tener el hijo y, en una infantil apelación al amor romántico, asegura que está enamorada de su agresor de 41 años, desea casarse y formar una familia con él.
 
La madre de la niña solicitó que se le practique un aborto,   advirtiendo que no está en condiciones de hacerse cargo de su hija y su vástago.
 
En Uruguay, la Ley 18.987 de 2012 autoriza la interrupción legal del embarazo hasta las 14 semanas de gestación en caso de violación, y sin límite de tiempo cuando haya grave riesgo para la salud de la gestante, o el feto presente malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
 
La denuncia de la situación habría llegado a los servicios públicos de salud en tiempo, pero las indagaciones y consultas se  postergaron más allá de las 14 semanas.
 
La expresión de deseo de la niña, que procede de un medio por demás precario, incluso de situaciones de calle, padece retraso mental y recibe medicación psiquiátrica, fue encuadrada por los profesionales de la salud en “la autonomía progresiva” reconocida a las y los adolescentes por el artículo 7 de la Ley 18.426 de 2008. La cuestión es si es aplicable a este caso.
 
RETROCESOS
 
La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual advirtió en un comunicado que “una niña de 11 años, por su etapa evolutiva, no tiene los elementos para decidir sobre su maternidad (…); no está en condiciones para evaluar el impacto emocional que una maternidad producto de la violencia sexual puede acarrear para su vida y la de su bebé. Dejar esta decisión en manos de esta niña es un acto de gran hipocresía, una irresponsabilidad del Estado y profundiza los daños ya generados (…)”.
 
“Una sociedad que no puede proteger a una niña de una de las consecuencias más atroces de la violencia sexual (el embarazo infantil) y se ampara en los argumentos de ‘ella desea tenerlo’,
‘ella quiere formar una familia’, ha retrocedido 20 años en materia de defensa de los Derechos Humanos (DH)”, agrega categóricamente la Red, confirmando su postura de que “en todos los casos donde ocurra un embarazo en la etapa de la infancia, producto de cualquier forma de violencia sexual (abuso), debe ser interrumpido como forma de restituir los derechos vulnerados de la niña violentada sexualmente”.
 
Por otra parte, cuando se alega que su vida no está en riesgo, cabe preguntarse qué se entiende por “vida”, teniendo en cuenta que aunque biológicamente la niña soporte el embarazo y el parto, no cuenta con apoyo familiar, más que improbable resulta inaceptable que forme pareja con su agresor adulto y ya estaría decidido que ella fuera derivada al Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU), donde se le va a “preparar” para que dé al hijo en adopción.
 
LEYES RESTRICTIVAS
 
La situación de la niña de 10 años que en Paraguay fue violada por su padrastro y que cursa un embarazo de cinco meses, indignó a la ciudadanía de ese país porque no se le permitió abortar.
 
La legislación paraguaya es restrictiva y sólo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la gestante corre grave peligro, sin prever excepciones en casos de violación, incesto o feto inviable.
 
En ese marco, el ministro de Salud, Antonio Barrios, afirmó que la niña está siendo atendida y que el embarazo seguirá su curso “porque no se presentan complicaciones”.
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los embarazos precoces son extremadamente peligrosos para la salud de niñas embarazadas y pueden conducir a complicaciones e incluso la muerte. En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años de edad.
 
“La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socio-económicas”, advirtieron expertos en DH de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
 
Amnistía Internacional, por su parte, mandó una carta al presidente de Paraguay y reclamó una acción mundial para que la niña pueda abortar, a cuyo efecto inició una campaña de recolección de firmas.
 
LA SOLEDAD DE LAS NIÑAS
 
La madre de la niña, que solicitó el aborto, había denunciado los abusos sexuales del padrastro en 2014, pero luego retiró la  denuncia. El 21 de abril pasado llevó a su hija a los servicios públicos de salud, preocupada por los dolores abdominales de la pequeña y allí ambas supieron que esta transitaba un embarazo de 21 semanas.
 
Ahora, por orden de la Fiscalía, esta madre de 32 años está en prisión preventiva, imputada de “incumplimiento del deber de cuidado” y como cómplice de “abuso sexual en niños”. La medida fue justificada alegando que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro, que estaba prófugo, y resultaron falsas.
 
El padrastro fue al fin localizado y aunque negó ser autor de la violación que se le imputa y solicitó una prueba de ADN, también  fue encarcelado. Separada de su familia, la niña permanece a cargo de los servicios públicos.
 
15/IV/RMB

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