Guatemala enfrentará dos demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una por los incipientes asesinatos de mujeres y la otra por adopciones ilegales, informaron hoy aquí fuentes de derechos humanos.
Consideramos que en estos dos grandes problemas que vive Guatemala, el Estado no ha implementado los mecanismos necesarios para proteger a mujeres y niños que a diario son víctimas de estas situaciones, sostuvo la directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long.
De acuerdo con la información proporcionada por CEJIL ya hay un acuerdo entre las partes implicadas y «en el caso de las ejecuciones de mujeres sólo nos falta ponernos de acuerdo con las madres de las víctimas».
Perseguimos, añadió Soraya Long, fortalecer los mecanismos de prevención e investigación que son responsabilidad del Estado. «La idea es que la denuncia sirva como punta de lanza para que el Estado cumpla para remediar esa situación ya que los mecanismos de investigación han sido totalmente ineficientes», por lo que la gran mayoría de asesinatos se mantienen en la impunidad, señaló.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil dan cuenta de que en lo que va del año, 198 mujeres entre 12 y 25 años han sido asesinadas en Guatemala, mientras que en 2004 los registros son de 527 casos, superando con creces los 383 reportados durante 2003.
Los asesinatos de mujeres en Guatemala, explicó Long, son comparables con los perpetrados en Ciudad Juárez (México), donde desde hace más de once años se han registrado unos 350 casos.
En lo relativo a las adopciones, el caso será planteado en conjunto con el Movimiento Social por la Niñez y Casa Alianza, precisó Long.
«Resaltaremos que la legislación actual de Guatemala permite una serie de violaciones que van en detrimento del interés superior del niño y que fomenta lo que se ha venido llamando el tráfico ilegal de menores», subrayó la directora regional de CEJIL.
A criterio de Long, lo que se persigue es reformar la legislación y que sean autoridades estatales, entre ellas los jueces, quienes autoricen todas las adopciones, para evitar el lucro en las adopciones de infantes.
En 2004, según estadísticas de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se realizaron alrededor de 3 mil 500 adopciones por parte de abogados dedicados a esa actividad y que cobran unos 30 mil dólares por cada trámite, lo que equivaldría a ingresos por 105 millones de dólares.
Long detalló que Guatemala cuenta con nueve sentencias firmes en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
CEJIL, cuya sede central se encuentra en Washington, es una organización internacional defensora de los derechos humanos, que goza de carácter consultivo ante la CIDH y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
2005/GM
