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Preocupantes, derecho a la libertad de expresión y la información

Por Anayeli García Martínez

A casi una semana de que concluya la histórica visita oficial conjunta de los relatores especiales para la libertad de expresión, Catalina Botero Marino, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Frank La Rue, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ambos han expresado su preocupación por la actual situación de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información en el país.

La visita que durará 16 días y que se tardó tres años en ser autorizada por Felipe Calderón, comenzó el nueve de agosto luego de que en la capital del país y de algunas entidades, se dio una protesta de periodistas y comunicadores que expresaron su repudio a la impunidad en los asesinatos y actos de hostigamiento contra las y los trabajadores de los medios de comunicación.

De acuerdo con el informe “Entre la Violencia y la Indiferencia”, elaborado por las organizaciones Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), en 2009 se registraron 244 agresiones a la libertad de expresión; de las cuales 160 fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que supone un 65.57 por ciento del total; en tanto que en un 14.34 por ciento no se pudo ubicar al agresor, mientras que 6.15 por ciento fueron vinculados con el crimen organizado.

ACTUAL SITUACIÓN

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que la visita comprendería más de 40 reuniones con múltiples actores gubernamentales, no gubernamentales y de los distintos poderes, con el propósito de revisar el estado que guarda la libertad de expresión y opinión en México, una vez realizados estos encuentros las relatorías emitirían un informe con sus recomendaciones en la materia.

En entrevista con Cimacnoticias Elia Baltazar, cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, recordó que hay 64 periodistas muertos, cuyas familias esperan justicia y que hay otros 11 desaparecidos, entre ellos una mujer, pero además señaló que las expectativas con esta visita oficial no era visibilizar la situación de las y los periodistas, pues esa ya es muy conocida, no es un tema nuevo; por el contrario se requiere de acciones que reviertan la impunidad.

APRETADA AGENDA

Dentro de las actividades que los relatores han realizado en México, primer país en donde dos organismos internacionales diferentes hacen una visita conjunta, el 10 de agosto se reunieron con organizaciones no gubernamentales, quienes les hicieron llegar informes sobre temas específicos en la materia, para que sean considerados en el informe que las relatorías presentarán al finalizar la visita.

Entre las organizaciones que presentaron informes, se encuentran la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), quien documentó agresiones a medios comunitarios y la criminalización de la radiodifusión no autorizada; Articulo XIX y CENCOS que entregaron un informe sobre libertad de expresión y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) que presentó un informe sobre mujeres periodistas.

Otro de los encuentros que Botero y La Rue sostuvieron fue con el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Francisco Blake Mora. Según información de la dependencia, Blake Mora “refrendó el compromiso del Gobierno Federal para garantizar la seguridad en el desempeño de la labor de los comunicadores y para identificar, junto con las empresas de medios y con el gremio periodístico, las acciones que el Estado Mexicano puede instrumentar para acotar dichos riesgos”.

EL PAPEL DEL CONGRESO

Un actor importante para la ONU y la OEA fue el Congreso mexicano, por ello el 13 de agosto asistieron a una reunión con la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados, donde reiteraron que “México ocupa el quinto lugar en el mundo y el primero en el continente Americano en homicidio a periodistas y agresiones contra los medios de comunicación”.

Los compromisos expresados por las y los legisladores fueron aprobar la reforma en materia de derechos humanos, federalizar el delito de asesinato a periodistas, otorgar plena autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información, regular el espectro radioeléctrico, actualizar la Ley de Imprenta y capacitar a los funcionarios y cuerpos de seguridad en materia de derechos humanos.

La diputada María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, reconoció que Durango, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán y Tabasco, son las entidades en donde mayor número de agravios reciben los periodistas. En tanto que, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Estado de México, Nuevo León y Chihuahua, hay más asesinatos.

Cabe resaltar que Catalina Botero hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe, sin dilaciones, la reforma de derechos humanos. “Es muy importante darle facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda interpelar a los funcionarios que no cumplen sus recomendaciones. Creemos que debe ser parte de una reforma integral, que tiende a la defensa del derecho a la libertad de expresión”, dijo.

VIOLENCIA PARTICULAR

Ese mismo día, 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que personal militar se reunió con los relatores con el objetivo de abordar temas relacionados con las actividades que las fuerzas armadas llevan a cabo en materia de “libertad de expresión, derechos humanos y perspectiva de género”.

Frank La Rue ha declarado que la violencia a la que se enfrentan las y los comunicadores mexicanos es particular, porque aunque no trabajan en medio de una situación de conflicto armado, pareciera que sí.

Agradeció la disposición de la Sedena por su apertura y transparencia en materia de derechos humanos y rendición de cuentas ante la comunidad nacional e internacional. Tanto Botero como La Rue, aún sostendrán encuentros con funcionarios estatales hasta el 24 de este mes.

10/AGM/LR/LGL

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