Organizaciones de la sociedad civil nacionales, advirtieron que ante la falta de resultados sobre las investigaciones de los asesinatos de los activistas Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, ocurridos en 2010 en san Juan Copala, Oaxaca, preparan una denuncia penal internacional contra el ex gobernador de la entidad Ulises Ruiz.
En comunicado de prensa, organizaciones civiles, sociales, indígenas y campesinas que se manifestaron la tarde de ayer frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal para exigir el esclarecimiento de los hechos, denunciaron que las autoridades federales y estatales tienen todas las pruebas y testimonios necesarios para resolver el caso, pero no tienen voluntad política para hacerlo.
Por lo anterior, David Peña, quien representa a las familias de ambas víctimas viajará la próxima semana a Helsinki, Finlandia, para reunirse con integrantes de Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Finlandia, así como con autoridades del país.
Con el fin de estudiar la presentación de esta demanda internacional Peña también sostendrá una reunión con la ministra de Desarrollo y el Ministro de Asuntos Exteriores.
Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, señaló que la legislación de Finlandia permite presentar y tramitar una denuncia bajo las leyes finlandesas de un delito cometido fuera de su territorio contra un ciudadano finlandés en otro país» como es el caso de Jyri Jaakkola.
Agregó que los elementos probatorios con los que cuentan en este momento, pueden demostrar la relación directa de financiamiento del gobierno de Ulises Ruiz a la Unión de Bienestar Social de la Región (Ubisort). «Como en México no se investiga esta relación, acudiremos con el Fiscal General de Finlandia, para presentarle esos documentos y pedirle que actúe en su contra».
«La procedencia de esa denuncia dependerá de las reuniones que se sostengan en la próxima visita y de las pruebas que se puedan ofrecer ante las autoridades penales de Finlandia».
Omar Esparza, advirtió que la lucha por la exigencia de justicia no cejara en ningún momento, y «si es necesario acudir al otro lado del mundo para buscar justicia, así lo haremos».
Cabe recordar que los activistas fueron asesinados el 27 de abril de 2010 cuando acudían con una caravana humanitaria al municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la mixteca, zona en que desde hace varias décadas persiste un conflicto intercomunitario que ha cobrado la vida de decenas de víctimas.
La investigación de los asesinatos de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, fue integrada durante más de un año por la PGR, sin que desde esa instancia se lograra acreditar la responsabilidad directa de los perpetradores del crimen.
Durante ese tiempo las familias de las víctimas pidieron a la PGR que el caso lo conociera la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) en atención a que se trataba de un grupo paramilitar organizado con estructura y funciones específicas quienes cometían múltiples delitos en la zona Triqui de Oaxaca.
Sin embargo, la SIEDO ha declinado en dos ocasiones dicha competencia argumentando que «no se trata de delincuencia organizada».
Entre los activistas que participaron en el evento estuvieron el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas.
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