De sólo 18 años, Alba Ponce Montaño y Perla Flores Antona han sido señaladas por el gobierno chiapaneco como culpables de robo con violencia, secuestro de autobuses y personas, atentado contra el Estado y ataque a las vías de comunicación.
Su único delito fue llegar a Chiapas para apoyar a sus compañeros de la Normal Rural Mactumatzá e impedir la desaparición de esa institución, como ha pasado con 15 escuelas normales extintas en el país por las políticas gubernamentales.
A casi un mes de haber sido encarceladas, las normalistas de Puebla y Tlaxcala, permanecen en el Centro de Readaptación Social (CERESO) número 6 de la capital chiapaneca, en una situación de hacinamiento, durmiendo en los pasillos de una celda y compartiendo el pequeño espacio del penal que alberga a 133 presas cuando su capacidad es de 58.
Las dos normalistas, las únicas mujeres de los 24 que también permanecen recluidos, esperan a que su situación jurídica se resuelva pronto, lo cual depende de la mesa de diálogo entablado con gobierno del estado, y sobre todo desean que la Normal Rural no desaparezca en Chiapas como ha sucedido en los últimos 20 años, debido a los ajustes estructurales realizados por los gobiernos federal y estatales.
Ellas llegaron junto con sus compañeras de las normales de Puebla y Tlaxcala el pasado seis de agosto, sin saber que ese día se desataría uno de los operativos más violentos que ha ordenado el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, contra los normalistas que buscan impedir el cierre de su escuela.
Pisando suelo chiapaneco, las jóvenes fueron detenidas junto con otros 170 estudiantes y padres de familia, quienes fueron arraigadas en un hotel céntrico de la capital durante 10 días. El 18 de septiembre se les dictó auto de formal prisión y fueron trasladadas al Cereso 6, el único penal de mujeres en Chiapas.
Ahí permanecen desde entonces, padeciendo la característica común de todos los penales en esta entidad, el hacinamiento y sus consecuencias. Duermen en el pasillo de una celda y sólo tienen una pequeña cancha de básquetbol y un patio donde se reciben visitas para su «recreación».
Relatan que a pesar de todo el trato que han recibido es «bueno». Las celadoras y las internas se han portado amables con ellas, de eso no se pueden quejar. Quizá es el trato y las visitas que no dejan de recibir por parte de sus compañeros de la Mactumatzá y maestros de la Sección 7 lo que las mantiene con el ánimo en alto.
Sus familiares no han venido a visitarlas, dicen, pero están al tanto de ellas y saben que están bien. Eso las tiene tranquilas. Se comunican frecuentemente con su abogado Miguel Angel de Los Santos, quien ha tenido en sus manos los casos de presos zapatistas desde 1995.
Ellas consideran que su lucha es importante, porque «se está luchando por las generaciones venideras, no es para nosotras que ya estamos adentro sino por aquellos que aún vienen y que van a necesitar estudiar», comenta Perla. Fue esa preocupación la que les hizo venir, pero también la hermandad que sienten entre compañeros y compañeras de las 17 normales rurales que hay en el país.
«Somos como una familia» dice Perla y es quizá lo que mueve a las y los normalistas, hijos e hijas de campesinos e indígenas, a no permitir que los gobiernos destruyan ese lazo familiar.
Ya bastante se ha logrado con no dejar que desaparezcan las normales que quedan. Por ahora sobreviven seis de mujeres en los estados de Chihuahua, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, cuatro mixtas en Zacatecas, Jalisco, Hidalgo y Campeche y 7 de hombres, entre ellas la de Chiapas.
2003/VVS/MEL
