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Presenta AI informe sobre situación de mujeres en Argelia

Por Mónica Pérez


Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe dirigido al Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) sobre las insuficiencias y errores cometidos por el gobierno de Argelia para proteger a las mujeres.

En el documento que se presentará durante 32 periodo de sesiones de la CEDAW, Amnistía Internacional destaca las insuficiencias y errores cometidos por el gobierno de Argelia en detrimento de las mujeres de ese país.

El informe de AI se presenta en el marco del balance que hace desde el pasado 10 y hasta el 28 de enero la CEDAW sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el gobierno argelino.

AI centra su preocupación en tres áreas: la violencia sexual que ejercen grupos armados y otros agentes sobre las mujeres; la violación de sus derechos humanos cometidas por agentes estatales y la violencia familiar.

El documento se propone mostrar los efectos que ha tenido la violencia contra las mujeres durante más de un decenio de conflicto armado, la discriminación contra la mujer en el derecho y en la práctica; así como la impunidad generalizada en relación con violaciones a los derechos humanos.

El análisis se basa en investigaciones llevadas a cabo por parte de ese organismo internacional e incluye entrevistas con mujeres sobrevivientes de la violencia realizadas en 2002 y 2003; con organizaciones de mujeres y de derechos humanos, dentro y fuera de Argelia e informes de vigilancia obtenidos de diversa fuentes.

Indica que desde la anulación de las primeras elecciones multipartidistas de Argelia en 1992, en las que el Frente Islámico de Salvación se perfiló como posible ganador, el país ha sido víctima de un agudo conflicto interno, causando la muerte de decenas de miles de personas a manos de grupos armados.

El gobierno de Argelia ha demostrado falta de voluntad política para asegurar la protección de las mujeres contra la violencia, señala AI, toda vez que las reservas de ese país hacia la CEDAW, son un serio impedimento para garantizar los derechos fundamentales de mujeres.

Para AI es motivo de preocupación, las reservas que tiene Argelia con respecto a los Artículos 2 y 16, ya que ha declarado que sólo aplicará estos artículos en tanto no entren en conflicto con el Código de la Familia, cuyas disposiciones, en su mayoría, discriminan a la mujer.

En relación con la educación, plantea que no está en un plano de igualdad con respecto a los varones pues el porcentaje de mujeres y niñas que nunca habían sido escolarizadas era de 30 por ciento, frente al 16.9 por ciento de varones; a su vez la proporción de analfabetismo femenino es casi del doble a la masculina.

Sobre el tema laboral, estadísticas del Banco Mundial, exponen que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo aumentó 50 por ciento entre 1990 y 2000, pero en los últimos dos años no se ha producido un aumento significativo de esta tasa.

Respecto a la violencia contra las mujeres, AI recoge los datos de un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública argelino, entre 2002 y 2003, los resultados preeliminares señalan que 44 por ciento de los hombres argelinos cometieron actos de violencia física contra sus esposas

El informe indica además las consecuencias por las fallas del gobierno en las investigaciones y aplicación de justicia para los responsables de millares de desapariciones ocurridas durante el brutal conflicto interno de Argelia en los años noventa.

Según AI, ante la desaparición de parientes masculinos, millares de mujeres padecen dificultades económicas, profundizadas por leyes que les niegan el acceso legal a pensiones, ahorros y otros bienes materiales que están a nombre de su esposo, además de dejarlas “en la agonía de no saber el destino de sus maridos, hijos, hermanos y padres”.

Asimismo, destaca la falta de investigaciones sobre las acusaciones por casos de violación y otras formas de violencia sexual contra mujeres durante el conflicto armado; así como la impunidad de los criminales responsables.

Así como la inadecuada capacitación de la policía, jueces y otros funcionarios sobre la aplicación de la ley en casos de violencia sexual o familiar y la virtual inexistencia de servicios que proporcione el Estado para las mujeres sobrevivientes de estos tipos de violencia.

Por último, destaca la existencia de leyes discriminatorios tales como el deber legal de obedecer al marido y el privilegio de éste para solicitar el divorcio de manera unilateral.

2005/MP/SJ

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