El Ministerio Público (MP) adscrito al juzgado segundo penal que lleva el caso de 13 mujeres violadas por militares en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Roberto Hernández Quintero, dijo que ante la falta de una correcta aplicación de los medios de prueba que existen en los expedientes, fueron apeladas las ocho resoluciones que el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dictaminara aquí la semana pasada
El MP presentó las apelaciones luego de que el 1 de octubre, el juez segundo de primera instancia, Hiradier Huerta Rodríguez, diera a conocer cuatro sentencias condenatorias –una de ellas sólo por lesiones y cuatro absolutorias– en este caso de violación sexual contra ocho militares del pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado.
En entrevista con Cimacnoticias, Roberto Hernández Quintero lamentó que aún cuando existían pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los militares, el juez no las tomara en cuenta, lo que en su opinión favoreció que dos de ellos estén libres, dos más esperan juicio militar tras ser absueltos por delitos civiles, uno fue condenado por lesiones graves a los policías y tres más acusados de las violaciones.
Informó que a sugerencia de la abogada coadyuvante, Sandra de Luna González, incluso se apelaron las sentencias condenatorias, ya que «esperábamos que fueran de más de 60 años de prisión», dijo el agente del Ministerio Público.
Roberto Hernández Quintero explicó el caso de Juan José Gaytán Santiago, quien fue reconocido por las víctimas de violación y testigos de los hechos, como «el líder» durante la agresión ocurrida en los salones El Pérsico y Las Playas, el 11 de julio de 2006, y a quien se le castigó con sólo 21 años y meses.
Sin embargo, dijo, su responsabilidad o grado de culpabilidad en los hechos debió ser al máximo pues no hubo ningún tipo de atenuantes como para que el juez dejara una pena menor, «al contrario siempre hubo señalamientos contra esta persona, por parte de las ofendidas».
Por otra parte, la abogada coadyuvante y presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi), De Luna González, indicó que hay elementos suficientes para que se revoquen todas las sentencias, pues existen casos como el de Norberto González Estrada, quien fue señalado por una de las testigos durante una confrontación, situación que no valoró el juez.
El otro caso, dijo es el de Casimiro Ortega, quien fue absuelto por el juez, también a pesar de la existencia de un señalamiento hecho directamente por la ofendida, en diligencia de confrontación.
De Luna González se refirió también a Ángel Antonio Niño, cuya sentencia fue de poco más de tres años, por el delito de lesiones a los policías preventivos de la zona de tolerancia y omitió el delito de violación.
«Su sentencia resulta contradictoria, porque el juez de la causa reconoce que existe el cuerpo del delito, es decir, que hubo violación, pero asegura que faltaron elementos para acreditar la responsabilidad de cada uno de los involucrados».
Lo que dice el juez, añade, es que sí estuvieron en el lugar de los hechos, por lo que nos sorprende una sentencia absolutoria tanto para Norberto González como para Casimiro Ortega, así como la pena impuesta a Ángel Antonio Niño.
De acuerdo con la sentencia emitida por el juez, los soldados tendrán que purgar: Fernando Adrián Madrid Guardiola, 31 años ocho meses de prisión; Juan José Gaytán Santiago, 21 años y meses; Omar Alejandro Rangel Fuentes, 41 años cinco meses, y Ángel Antonio Hernández Niño, por 3 años nueve meses.
En tanto que Rosendo García Jiménez y Casimiro Ortega Hernández fueron absueltos y «debieron regresar a su base militar en Melchor Muzquiz, supongo que ya están reintegrados al Ejército, lo cual no me consta», dice el agente del Ministerio Público, Roberto Hernández Quintero.
Agregó que Norberto González Estrada y Norberto Carlos Francisco Vargas serán trasladados a la prisión de Mazatlán, Sinaloa, para seguir un juicio militar, pero aún permanecen en la prisión para varones de Monclova, Coahuila.
Se espera que la próxima semana, el juez Hiradier Huerta Rodríguez acuerde enviar los expedientes a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Saltillo, Coahuila, y será el magistrado Natalio Ricardo Dávila Moreira, el responsable de ofrecer las resoluciones en los próximos tres o cuatro meses.
Cabe señalar que el magistrado Dávila Moreira era una de las tres personas que conocían las sentencias que emitió el juez el pasado 1 de octubre y que habrían «sido filtradas» a un medio de comunicación, por lo que el juez Huerta Rodríguez solicitó una investigación al Consejo de la Judicatura, «para que se castigue a quien filtró la información», dijo hace dos semanas el juez.
07/SJE/CV
