La diputada perredista Maricela Contreras presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para ampliar las causales del aborto: por causas económicas, cuando el embarazo haya sido producto de la trata de personas o lenocinio y cuando la mujer considere que el embarazo afecta su proyecto de vida.
Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, incluye entre la exposición de motivos que el aborto está ligado con la mortalidad materna, además que el derecho de las mujeres a decidir sobre el número y espaciamiento de las y los hijos está consagrado en la Carta Magna, en su Artículo cuarto, y otros instrumentos internacionales signados por nuestro país, como la Convención Belém Do Pará y la CEDAW.
La iniciativa contempla la reforma y adición a diversos artículos del Código Penal Federal (330, 331, 332, 333 y 334), del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud en torno al aborto.
La perredista expuso que actualmente el Código Penal Federal sólo contempla la interrupción legal del embarazo en casos de violación o por imprudencia de la mujer, lo que no está acorde con las legislaciones locales, que son diversas para el tema.
Por ello, señala, dicha propuesta surge con la idea de armonizar la legislación federal con la de las entidades federativas, a través de la inclusión de causales excluyentes de responsabilidad penal en caso de aborto.
NO SON DELINCUENTES
Se propone, entre otras cosas, eliminar del texto actual del Código Penal Federal la leyenda «no se aplicará sanción» cuando se practique el aborto por causas que ponen en riesgo la vida de la mujer y la propuesta de incluir el supuesto como una causal excluyente de responsabilidad penal, toda vez que las mujeres que acudan a la interrupción legal del embarazo no son delincuentes.
La propuesta considera «necesario y de extrema urgencia», establecer un apartado especial en el Código Federal de Procedimientos Penales para que la autoridad encargada de aplicar la justicia y la que brinda los servicios de salud, actúen de forma conjunta y expedita en beneficio de las mujeres.
Finalmente, la legisladora señaló que «no se trata de despenalizar el aborto, sino de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo y que tenga acceso a programas de prevención para su salud, a educación sexual y planificación familiar adecuada».
EL ABORTO EN CIFRAS
Contreras Julián señaló que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año hay en el mundo 76 millones de embarazos no deseados, lo que ocasiona que al año haya 45 millones de abortos inducidos en el mundo, de éstos 19 millones se realizan en condiciones insalubres.
Como consecuencia, cada año 70 mil mujeres mueren en el mundo, 191 muertes diarias, una de cada siete minutos y medio.
En México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resalta que en el país, hace diez años, fallecían mil mujeres al año, en tanto que las cifras oficiales hablaban de 344 muertes.
CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES
La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), hizo un llamado al diálogo público respetuoso, fructífero, comprensivo y tolerante en torno a la despenalización del aborto, luego de las declaraciones del vocero de la Arquidiócesis de México Hugo Valdemar.
En un comunicado, la organización civil calificó como vergonzante y lamentable las descalificaciones de Valdemar y agregó: «comprendemos que detrás de los insultos se escuda la gran impotencia que han de sentir algunos de nuestros obispos frente al legítimo derecho de las mujeres a decidir y de los diputados locales a legislar en una sociedad laica».
CDD señala que la sociedad mexicana es plural y se esfuerza por ser democrática, por lo que es necesario escuchar todas las voces y respetar y tolerar las diferencias sin agresiones ni descalificaciones.
OTRAS VOCES
En tanto, durante el primer día del Foro sobre Aborto y el Derecho a Decidir, organizado por académicas de la Federación de Mujeres Universitarias (Femu) y realizado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la maestra Patricia Galeana, presidenta de la Fem., hizo un llamado a la ALDF, para que decida acerca de la despenalización del aborto porque no hacerlo permite el terrorismo fundamentalista y está llevando a la confrontación de la sociedad.
En el foro, que concluirá mañana, participaron legisladoras y legisladores, representantes de OSC, académicas y funcionarias, así como un sacerdote de la Universidad Pontificia.
La directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, señaló que «ya basta de dobles raseros y leyes sustentadas en prejuicios morales y religiosos, el gobierno tiene la obligación de centrar sus esfuerzos en el sujeto jurídico indiscutible de esta controversia: las mujeres».
Indicó que la penalización del aborto representa una violación flagrante del derecho de toda persona a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos, reconocido en el Artículo Cuarto constitucional y el Estado no otorga los derechos, vela por ellos.
Con la despenalización, señaló Micher, se atacaría el mercado negro de abortos y el problema de salud pública originado por los que se llevan a cabo en condiciones insalubres.
07/LGL/GG
