El gobierno federal mexicano no quiere responsabilizarse de las casi 300 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni de las que han muerto en otras entidades del país, aseguraron funcionarios y representantes de organizaciones civiles durante la presentación del libro Huesos en el Desierto, de Sergio González Rodríguez.
En el acto que organizó el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), realizado en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), el autor del libro expuso que en su obra narra no sólo los crímenes que se han cometido contra mujeres que se caracterizan por ser humildes, jornaleras y obreras que han sido abusadas sexualmente, sino de toda la violencia que se está presentando en el mundo.
Refirió que en el texto hace un recuento desde los inicios de los asesinatos, hace ya poco más de una década, en esa ciudad fronteriza y cómo los diferentes gobiernos municipales y estatales han dado diferentes versiones sobre las muertes, lo que pone en evidencia su incapacidad para actuar, ya que a la fecha no hay resultados concretos.
Manifestó que su obra intenta sensibilizar a la sociedad, pero sobre todo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de que no ocurran más muertes, porque esta situación ya no debe tolerarse más y es preciso hacer todo lo posible para que no se presenten más asesinatos en el futuro.
En tanto, la diputada federal Hortensia Aragón Castillo, integrante de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, aseveró que el presidente Vicente Fox no quiere asumir su responsabilidad en ese asunto y que sólo se lava las manos, ya que la Procuraduría General de la República (PGR), no quiere atraer el caso, con el argumento de que no es de su competencia.
El presidente Fox tiene que asumir que la seguridad de las y los mexicanos es su responsabilidad y no dejar que sigan ocurriendo, así que todas las muertes que han ocurrido también durante su gobierno son su responsabilidad, puntualizó.
Al término de la presentación, algunos de los asistentes cuestionaron públicamente la actuación de las autoridades de seguridad y de gobierno, y señalaron que cómo es posible que cuando se trata del asesinato o muerte de un familiar de políticos o funcionarios de primer nivel, los casos se resuelvan en días y las muertes de Juárez llevan más de 10 años.
PRO/MEL
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