La desaparición forzada de personas ha sido un ejercicio recurrente en nuestro país. Su práctica se remonta a la década de los 60 y llega hasta los 80, periodo que se ha denominado como Guerra Sucia. Durante este tiempo fueron desaparecidas 42 mujeres integrantes de movimiento armados.
En ese contexto, el día de hoy en el salón Verde de la sede de la Cámara de Diputados, el legislador federal Abdallán Guzmán Cruz, presentó a integrantes de la sociedad civil la iniciativa denominada Ley Federal Contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual pretende acabar con está práctica en nuestro país.
El integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que los órganos del Estado mexicano utilizaron sistemáticamente esta práctica para contrarrestar los numerosos movimientos sociales que se gestaron como respuesta a la ausencia de apertura democrática en México.
Dijo que un documento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado reveló que entre 1971 y 1983 fueron secuestradas por instancias policíacas, comandadas por Nazar Haro, 19 mujeres de la Liga Comunista 23 de septiembre.
La iniciativa dijo el diputado, tiene que ver con lo acontecido en la llamada Guerra Sucia, pero también se está planteando que tome en cuenta a todas las desapariciones que incluso han ocurrido hasta nuestros días.
Dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha documentado 536 desapariciones ocurridas durante esa época, pero que, según familiares, la cifra podría ascender a más de mil 200 casos. Tan sólo en Guerrero, entidad situada al suroeste de la Ciudad de México se han denunciado más de 500 casos.
Guzmán Cruz informó que entre las disposiciones generales de dicha iniciativa, el artículo uno refiere que el objetivo de la ley es la protección de toda persona contra la desaparición forzada, el castigo, la prevención y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.
El tercero de los artículos, refirió el diputado, establece que comete delito de desaparición forzada de cualquier servidora o servidor, funcionario o funcionaria pública federal, estatal o municipal que prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, cualquiera que sea el método o motivación utilizados.
Así, concluyó, el principal objetivo es que la sociedad civil conozca y apoye esta iniciativa que «estamos presentando, que por cierto fue subida al pleno ayer, para castigar a los responsables de este tipo de prácticas y que nunca más se vuelvan a cometer».
04/RGL/BJ
