La aprobación de la iniciativa de Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal, garantizaría que la población discapacitada, tenga las mismas oportunidades de desarrollo que el resto de la sociedad, aseguró hoy ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Antonio Arévalo.
El integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio a conocer que entre las medidas está la creación del Instituto para Personas Discapacitadas que establecerá acciones específicas de concertación, coordinación, planeación y promoción de los trabajos necesarios para garantizar condiciones favorables a las personas con discapacidad.
Antonio Arévalo dio a conocer que en el Distrito Federal, existen 159 mil 754 personas con discapacidad, lo que representa el 8.9 por ciento del total de discapacitados de nuestro país.
Esta situación, dijo, es un claro indicativo que expresa que la estructura de la población de la ciudad requiere la implementación de organismos y políticas públicas que verdaderamente ofrezcan una oportunidad de desarrollo e igualdad de circunstancias a la población discapacitada.
Una de las propuestas señala que los primeros cuatro asientos de los vehículos de transporte colectivo serán para uso prioritario de personas con discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres en estado avanzado de embarazo y mujeres con bebés.
El asambleísta destacó que el artículo 5, señala que son facultades y obligaciones del jefe de gobierno del Distrito Federal en materia de esta Ley, lo siguiente: …c) Educación y rehabilitación sexual… i) guarderías y escuelas para menores con discapacidad… o) integración de la mujer con discapacidad, y apoyos a madres solteras con discapacidad.
Arévalo dio a conocer que el 40 por ciento de los discapacitados del Distrito Federal son jefes de familia, es decir, tienen la responsabilidad del sostenimiento económico de sus familias.
Para el legislador del PVEM, pese a los avances institucionales alcanzados, es urgente salir de la simplista política asistencialista implementada por el gobierno actual, ya que no se trata de regalar sillas de ruedas o becas, sino crear las condiciones para integrar a las y los discapacitados en la vida productiva del país.
2004/RGL/BJ/SM
