Se presentó ante la Coordinación Política del Congreso Estatal Legislativo Mexiquense una iniciativa ciudadana con el fin de que en la entidad se legalice la interrupción del embarazo ya que, según datos del Partido Socialdemócrata (PSD) que impulsa la iniciativa, el Estado de México es la entidad federativa con mayor número de abortos clandestinos del país.
Después de que el pasado se reafirmó la constitucionalidad de la Ley que permite la interrupción del embarazo (ILE) durante las primeras doce semanas de gestación en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del DF en 2007, el PSD presentó dicha iniciativa para el Estado de México, que registra alrededor de 10 mil abortos clandestinos al año.
Los datos del Departamento de Salud Reproductiva del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) indican que cada año en los hospitales públicos, que atienden población abierta y sin seguridad social en la entidad, se registra de un promedio de siete mil 500 abortos.
Se trata de casos de mujeres que sufren aborto espontáneo, que se pueden atribuir a un aborto inducido. Sin embargo existe un subregistro, pues se estima que por cada aborto legal existen entre otros tres o cuatro que se realizan de forma clandestina, con lo cual se elevaría a casi 35 mil las interrupciones del embarazo que se practican anualmente en la entidad.
Esta iniciativa, redactada en términos similares a los de la legislación del ILE en el Distrito Federal, establece además reducir la punibilidad en aquellas mujeres que decidan practicarse un aborto después de las primeras 12 semanas de gestación, estableciendo una pena de uno a tres años de prisión.
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Sobre la iniciativa del Estado de México, Jorge Díaz Cuervo, diputado del Distrito Federal, señaló que no sólo las mujeres de la Ciudad de México tienen el derecho de decidir sobre un embarazo, «ahora se trata de que todas las mujeres del país puedan tener acceso a un aborto en condiciones de legalidad, de higiene».
En un comunicado, Díaz Cuervo afirmó que el segundo estado de la República que debe adoptar esta medida es el Estado de México, «porque aquí habita el mayor número de mujeres en el país con mayor número de abortos».
El legislador mencionó que «la criminalización de la mujer que decide interrumpir su embarazo lo único que ha generado es una clandestinidad, un espacio oscuro y nadie sabe qué está pasando, nadie está al pendiente y estamos dejando a las mujeres resolver solas una carga que es del Estado y que sólo ha respondido con esta amenaza de encarcelamiento que en nada ayuda».
Añadió que «lo ideal sería que no existieran los embarazos no deseados, pero para eso necesitamos mucho más información de sexualidad y acceso a anticonceptivos, sobre todo en los servicios públicos de salud».
Díaz Cuervo insistió en que «es momento de borrar de la legislación del Estado de México esta amenaza de encarcelar de uno a tres años a la mujer que decide interrumpir un embarazo. Creemos que es momento de tirar a la basura esa legislación que criminaliza a la mujer que decide ejercer un derecho sobre su cuerpo».
De igual forma, Díaz Cuervo hizo un llamado al gobernador de la entidad para que, de manera rápida, se manifieste sobre este asunto que es de importancia nacional y confió en que, dada la composición de la Cámara de Diputados mexiquense «en donde tenemos a un partido claramente de izquierda y otro que recientemente se acaba de declarar socialdemócrata, la legislación transite y se apruebe sin ningún problema, aunque sabemos que esto no le va a gustar al PAN ni a la Iglesia».
08/STP/GG
