«Un peso que se invierta y no sepamos si tuvo el impacto que se deseaba, es un peso perdido», aseguraron integrantes de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Indicaron que por falta de voluntad política la ciudadanía desconoce el destino e impacto de los recursos que la Federación invierte en programas sociales, productivos, de desarrollo rural, de combate a la pobreza , entre otros.
En conferencia de prensa, la economista Lucía Pérez Fragoso, coordinadora de Proyecto de Presupuestos Públicos de la organización civil, destacó que la falta de estadísticas desagregadas por sexo y edad impiden que la ciudadanía conozca si los recursos que se destinan a cada una de las secretarías de Estado llegan realmente a la población beneficiada, así como el impacto social y económico que tienen para el desarrollo del país.
Por lo anterior, el día de hoy presentaron a las y los legisladores de la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
La propuesta que suscriben más de 100 organizaciones de mujeres en todo el país, busca que se garantice la igualdad en el ejercicio del gasto público entre hombres y mujeres; desagregar por sexo y edad el destino de los recursos públicos; tomar en cuenta la participación de las y los beneficiarios de los programas gubernamentales, y crear mecanismos formales de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Por su parte, Concepción Martínez, investigadora de Equidad de Género, destacó que no basta enunciar la rendición de cuentas como uno de los objetivos del gobierno federal, sino que es preciso señalar en el Decreto de Presupuesto los mecanismos a través de los cuales la sociedad pueda estar informada del buen uso de los recursos que gasta la Federación.
Señaló que la rendición de cuentas sobre el desarrollo de programas y el uso y destino de los recursos es una responsabilidad ineludible que las instituciones y los servidores públicos tienen con la ciudadanía, y que no obstante ya se estipula dicha obligación en la legislación vigente, en la práctica, conocer dichos resultados depende de la voluntad política del funcionario encargado de cada uno de los programas gubernamentales.
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