Hace 10 años los gobiernos del mundo, incluyendo a México, se comprometieron a lograr avances sustanciales para las mujeres al firmar la Plataforma de Acción de Pekín por lo que el próximo mes de marzo en Nueva York, darán cuentas de lo que se vislumbra como una tarea a medias.
El gobierno mexicano, al enviar su informe previo a la ONU a través del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) indica una persistente discriminación en todos los niveles, detalla una larga lista de programas, pero sin ofrecer datos duros que ilustren el avance, o retroceso, de las mexicanas en rubros como salud, pobreza, educación o participación ciudadana.
En su informe oficial, dado a conocer en la sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores durante la IX Conferencia Regional de la Mujer el pasado octubre, la administración foxista destaca la firma del Acuerdo Nacional por la Equidad, al reconocer que hay resistencias al interior de las instituciones para aplicar el Programa Nacional por la Equidad (Proequidad).
«Se han presentado obstáculos y resistencias para su plena aplicación, entre los cuales destaca la resistencia cultural al tema y al quehacer del mecanismo nacional, la institucionalización de la perspectiva de género, la armonización de la legislación nacional con los compromisos internacionales adquiridos a través de instrumentos vinculatorios, entre otros.»
Inmujeres indica que persiste la discriminación y sesgos de las instituciones sociales, económicas y políticas, que afectan de forma negativa a las mujeres.
Aun más, al llevar el Proequidad a la práctica se encontraron con que la legislación laboral limita el acceso de las mexicanas al trabajo y que la atención médica se concentra sólo en las mujeres en edad reproductiva.
Sin embargo, se anotan como un logro la normatividad aprobada en enero del 2004 para distribuir la pastilla anticonceptiva de emergencia y el condón femenino en los servicios de salud.
Las cargas de trabajo doméstico son inequitativas y faltan servicios sociales para el cuidado de los hijos y las hijas pequeñas, las personas ancianas y las enfermas, agrega en el informe.
En materia legislativa todavía hay 28 estados de la república mexicana donde no se tipifica como delito la violación en el matrimonio, aunque en el Distrito Federal se pueda denunciar aún la violación en el noviazgo
LOS NÚMEROS
El informe del gobierno mexicano no ofrece más números que aquellos que enlistan sus acciones: desde la evaluación quinquenal de la Plataforma de Acción de Pekín (2000) coincidente con la adaministración foxista se han signado 37 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Entre ellos se encuentran el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Inmujeres anota que desde su creación en 2001 trabajó en coordinación con 723 enlaces de género: 52 de las instancias del gobierno federal, 31 de las instancias estatales de la mujer y 640 de las instancias municipales de la mujer.
Pero no refiere más datos duros. Por ello, las organizaciones feministas y de mujeres en México trabajan en coordinación con la academia y otras organizaciones de América Latina y el Caribe una serie de indicadores que permitan reflejar la situación de las mujeres en la región más allá de los discursos oficiales.
Por ejemplo, si bien el informe de Inmujeres destaca la reforma en materia electoral que fomentan la participación femenina en 22 de las 32 Leyes Electorales Estatales y que 22.8 por ciento del Congreso esté ocupado por mujeres, los primeros datos de las ONG mexicanas aunadas a las campañas contra candidatas y precandidatas anuncian un próximo retroceso en la participación femenina.
La evaluación de la agenda de las mujeres a una década de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, se traslada esta vez a la sede neoyorkina de la ONU y se llevará al cabo del 28 de febrero al 11 de marzo próximos.
2005/MR
