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Presentó diputada iniciativa sobre trabajo asalariado del hogar

Por Hypatia Velasco Ramírez

La cuarta parte de las mujeres asalariadas en nuestro país se dedica al trabajo en el hogar, por lo cual numéricamente están apenas un punto porcentual por debajo de las mujeres que laboran en oficinas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI).

Dijo lo anterior la diputada Rosario Ortiz Magallón, al presentar el pasado 20 de noviembre ante el pleno de la Cámara de Diputados una Iniciativa para regular el trabajo doméstico asalariado, actividad realizada en su mayoría por mujeres, pues este sector ha sido históricamente “discriminado e invisibilizado” en sus derechos laborales.

Entre sus consideraciones están que si bien las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral, ésta se ha concentrado en actividades precarias y sujetas a relaciones de subordinación y control en ambientes laborales que se caracterizan por la inseguridad y la violencia.

Y que en dichos ambientes, se encuentra inmerso el trabajo asalariado del hogar y en donde también ha aumentado la participación de la población femenina, pues en 2001 había registradas 491 mil trabajadoras del hogar y para 2005 la cifra aumentó a un millón 632 mil trabajadoras.

Cifras que “nos demuestran la relevancia que tiene esta ocupación para un sector amplio de mujeres”.

Y aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) regula las relaciones del trabajo doméstico en su Título sexto y cuenta con el Capítulo XIII, titulado De los trabajadores domésticos, las regulaciones enfrentan ambigüedades, incongruencias y lagunas en temas como el salario, la jornada de trabajo y seguridad social, entre otros, agregó.

Para Ortiz, la legislación actual es imprecisa en la jornada laboral en cuanto a la duración, dejando así una laguna jurídica que permite que se prolongue la jornada sin pagos extras.

Igualmente la ley reglamenta que se dé un tiempo de reposo limitado, a pesar de las largas jornadas de trabajo que están aunadas a un sin número de tareas que se realizan en los hogares.

Tampoco se encuentra reglamentada las formas de contratación de trabajo asalariado ni los parámetros en que esta actividad debe realizarse, hecho que propicia la sobreexplotación laboral.

La regulación salarial en la actual legislación señala que una parte de los salarios estará integrada de alimentación y habitación, como sucede cuando laboran “de planta”, donde comida y hospedaje representan el 50 por ciento del salario en efectivo.

Lo anterior, refiere la feminista, se presta para que en la práctica la o el patrón establezca el salario en efectivo que más le convenga, según el valor que quiera darle al salario en especie.

Asimismo, “la discriminación que sufren las y los trabajadores del hogar es una de las cuestiones más denunciadas por las organizaciones que agrupan este sector”.

Discriminación que se basa en distintos motivos: la generada por la pertenencia a un grupo indígena, por el uso de uso de su lengua y vestido tradicional, la discriminación de género en que las mujeres viven abuso y hostigamiento sexual, los despidos por embarazos y la falta de medidas adecuadas de protección.

Además, aseguró, la legislación no contempla la reglamentación sobre medidas de seguridad, higiene, prevención de riesgos y accidentes de trabajo dentro del hogar, aún cuando los productos químicos altamente tóxicos y los electrodomésticos utilizados sin capacitación y medidas de protección adecuadas son “altamente peligrosos”.

Y la palabra doméstico es un “anacronismo” que es “altamente discriminatoria”, toda vez que califica a la persona “como propiedad de un hogar y su valor a la categoría de trabajadora o trabajador que le corresponde”.

Rosario Ortiz explicó que es así como el trabajo doméstico ha sufrido una desvalorización económica y social que se ve reflejado en la ausencia de salario, y por lo que se han escatimado los derechos de las y los trabajadores domésticos. Asimismo, las actividades realizadas en el trabajo doméstico no son registradas “como parte fundamental de la economía de un país”, ni es valorado socialmente el desempeño que realizan las y los trabajadores de este sector.

Ante este contexto señaló que es urgente transformar la actual regulación laboral en esta materia con el fin de “tutelar los derechos de mujeres y hombres que trabajan en este sector”

Por ello, la iniciativa presentada por la legisladora ante el pleno de la Cámara de Diputados, y apoyada por organizaciones de trabajadoras del hogar, busca reglamentar la jornada laboral legal, asegurar el derecho a tiempo de descanso y al pago de horas extras.

También establecer con regularidad las modalidades de planta y de salida diaria. En ese sentido, propone que dichas modalidades se establezcan en la ley para así tener una pauta para la contratación.

Asimismo, la exigencia de las y los trabajadores de contar con un salario que les permita tener una vida digna y la eliminación del trato discriminatorio que enfrentan en sus lugares de trabajo están previstos en el capítulo Obligaciones y previsiones del patrón o la patrona que se encuentra dentro de la Iniciativa.

A lo anterior, agregó que es necesario incluir en la reglamentación las sanciones que obliguen al cumplimiento de lo estipulado en dicho capítulo y “establecer mecanismos que permiten proteger a las trabajadoras y trabajadores para que las autoridades laborales verifiquen permanentemente el cumplimiento de la ley”.

La iniciativa presentada por Ortiz Magallón fue discutida y consensuada con organizaciones de trabajadoras del hogar, como el Centro de Apoyo a Capacitación de Empleadas del Hogar, el Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, el Colectivo Atabal, Grupo la Esperanza, y la Red de Mujeres Empleadas del Hogar.

También participaron las diputadas perredistas Maricela Contreras Julián, Claudia Cruz Santiago, Holly Matus Toledo, Silvia Olivia Fragoso y Mónica Fernández Balboa. Además de la diputada de Convergencia, Martha Tagle Martínez; Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa Socialdemócrata, y Mercedes Maciel, del Partido del Trabajo.

Durante su intervención, Rosario Ortiz Magallón pidió que la iniciativa se turne a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Trabajo y Previsión Social.

07/HVR/GG/CV

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