A pesar de que la ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva del Uruguay, promulgada en 2008, establece que «el Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población», no respeta los derechos de la mitad de la población uruguaya, ya que criminaliza el aborto, lo que promueve la práctica clandestina de la interrupción del embarazo y pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.
Ignorando más de veinte años de lucha de grupos feministas y de defensores de derechos humanos y la opinión de 63 por ciento de la población uruguaya que, según datos del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva estaban a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE) en 2007, el presidente de la república, Tabaré Vázquez, vetó la despenalización del aborto a finales de 2008.
La ley vigente en el país sudamericano establece que el aborto es un delito siempre, y, ante el caso de una denuncia, el juez puede atenuar o eximir de la pena a la mujer que decidió interrumpir su gestación, a la persona que la acompañó y a la persona que realizó el aborto, por cuatro causales establecidas: cuando el embarazo fue producto de una violación, por el honor de la familia, por angustia económica y cuando la vida de la mujer está en peligro.
Cabe recordar que en Uruguay en el Código Penal de 1934 se despenalizó el aborto y la eutanasia considerada homicidio por piedad. Esto colocó al Uruguay como una excepción en el mundo en estos temas. Ni bien fue aprobada la reforma del código penal, juristas, médicos, políticos y obispos católicos confrontaron ideas y propuestas, presentándose varios proyectos de ley con la intención de modificar esta disposición.
Así, en 1938, el aborto fue nuevamente tipificado como delito, pero se admitieron las cuatro causales que eximen o atenúan la pena.
En el informe «El debate social y político sobre la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva», publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) en julio de 2009, se indica que en los más de setenta años de vigencia de esta ley, ha quedado demostrada su ineficacia, dado que nunca se implementaron las condiciones para habilitar el acceso a servicios que practicaran abortos dentro de las causales establecidas.
La calificación del aborto como delito siempre, y la ambigüedad para habilitar los atenuantes y eximentes de pena, causan inseguridades entre la población y el personal médico.
«Esta ley punitiva lo único que ha promovido es la práctica clandestina, la mayoría de las veces realizada en condiciones de riesgo, lo que continúa impactando sobre la salud y la vida de las mujeres», señala el UNFPA.
La decisión del poder ejecutivo uruguayo es especialmente lamentable, ya que este pequeño país, con alrededor de 3 millones 323 mil habitantes, ha sido calificado en la literatura política como un caso excepcional en la región, por el buen funcionamiento de su sistema democrático y su altísima participación electoral.
Pero las elecciones presidenciales del pasado 29 de noviembre podrían cambiar el paradigma vigente. Según información publicada por la Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Uruguay, el nuevo presidente de la república para el periodo 2010-2015, José Mujica, del Frente Amplio, aclaró que no vetaría una ley que despenaliza el aborto.
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