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“Presión de Sedena” para evitar reforma a fuero militar

Por Anayeli García Martínez
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Una aparente presión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene aletargada en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado, la aprobación de una reforma al Código de Justicia Militar para evitar la impunidad en las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por efectivos castrenses.
 
Defensores de Derechos Humanos (DH) y representantes de organismos internacionales dijeron que es preocupante la dilación del Legislativo en la reforma al sistema de justicia militar, toda vez que ya hay elementos suficientes para adecuar el actual marco normativo y armonizarlo con otros estándares jurídicos de avanzada.
 
Al presentar la publicación “Jurisdicción militar y Derechos Humanos: elementos para las reformas pendientes”, un análisis editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, activistas exhortaron al Senado a acelerar el proceso para dictaminar y aprobar la reforma. 
 
Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, advirtió “una presión de la Sedena” para evitar se apruebe una reforma al fuero de guerra, ya que abiertamente ha señalado que primero se necesita un marco regulatorio y ha insistido en que no juzga a la población civil.
 
Aunque la activista y abogada reconoció que no hay una certeza de que alguien esté trabando la discusión en el Senado, la posibilidad de que sea la Sedena surge porque en repetidas ocasiones cuando un legislador o incluso el Ejecutivo federal advierten avances de la eventual reforma, al final no pasa nada.  
 
Desde julio pasado las comisiones dictaminadoras presentaron un predictamen para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, un proyecto en el que incluyeron ocho iniciativas previas que buscan que las violaciones a DH cometidas por militares sean juzgadas en tribunales civiles.
 
La necesidad de reformar el fuero militar es una demanda de personas defensoras de DH, luego de que en el sexenio pasado la Corte Interamericana de Derechos (CoIDH) condenó a México por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002, la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1994, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999; todos estos abusos cometidos por soldados.
 
En el evento hoy, Javier Hernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordó que en septiembre las y los legisladores organizaron mesas de trabajo con organizaciones civiles y académicos para analizar cuáles serían las modificaciones al Código de Justicia Militar.
 
“El periodo de audiencias ha entrado en una etapa de pausa y por ello es importante que nosotros nos sumemos a esta presentación para seguir ese debate que parecía solamente de trámite, y que ahora podría dar indicaciones de que no es tan sencillo y que necesitamos renovar nuestras voces de manera pública”, subrayó.
 
Explicó que estas reuniones eran un simple trámite porque ya estaba listo un predictamen, sin embargo a la fecha no hay nada de la reforma, por lo que dijo que el retraso no se justifica y menos aún cuando el tema es objeto de escrutinio internacional y de recomendaciones de organismos internacionales. 
 
Hernández dijo que durante el Examen Periódico Universal (EPU) que realizó la ONU a México en octubre pasado, los países participantes expresaron su preocupación porque el fuero castrense todavía permite que los tribunales militares juzguen violaciones a DH cometidas por soldados, aun cuando no deberían investigar ni enjuiciar estos casos.
 
Abel Barrera, director de Tlachinollan, dijo que la reforma al fuero militar es impostergable por lo que el Congreso está obligado a atender las recomendaciones de organismos internacionales y los preceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.
 
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