Presume Segob “beneficios” de su portal “Mujer Migrante”

Para fortalecer los mecanismos de justicia y seguridad para las mujeres migrantes, la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la Secretaría de Gobernación (Segob), lanzó en redes sociales su portal “Mujer Migrante” y cambió el uniforme del personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
A casi un año de que entró en vigor el Programa Especial de Migración (PEM), elaborado en coordinación con grupos civiles, la UPM reportó en su informe “Logros de 2014” que ya concretó “avances” para las mujeres en el apartado de acceso a la justicia y la seguridad.  
 
Este apartado, quinto objetivo del PEM, responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2013 llamó a fortalecer los mecanismos de justicia para las migrantes, recopilar estadísticas sobre su realidad y capacitar a funcionarios, policías y jueces, ya que documentó casos de violencia sexual contra adolescentes centroamericanas por parte de personal del INM.
 
A este llamado se sumó Amnistía Internacional (AI), que señaló que 60 por ciento de las migrantes en tránsito por México enfrentan violaciones sexuales y carecen de leyes, instituciones o programas federales que sean “suficientes” para atender sus necesidades.
 
No obstante, la Segob anunció que para fortalecer los mecanismos de justicia y seguridad para las migrantes durante 2014 difundió en redes sociales su portal “Mujer Migrante”, que brinda información y números telefónicos de los servicios de atención para víctimas y que está activo desde 2013.
 
En los datos restantes de este informe, la UPM no destacó ninguna otra acción que impactara exclusivamente a las mujeres, además de que las cifras de población migrante beneficiada por otras acciones no están desagregadas por sexo.
 
Por ejemplo, la UPM dijo que a fin de garantizar justicia y reparación del daño a las víctimas, se evaluó a funcionarios –sin precisar cargos ni dependencia–, y que el INM dio nuevos uniformes a la totalidad de su personal.
 
A fin de proveer “información, asistencia y protección efectiva a personas migrantes y defensoras de Derechos Humanos (DH)”, la Segob benefició a 340 migrantes por medio de atenciones psicológicas y asistencias jurídicas, y canalizó a alberges a 42 víctimas.
 
También dijo que durante 2014 los Grupos Betas de Protección a Migrantes brindaron ayuda humanitaria para la localización de 39 personas y dieron asistencia jurídica y orientación a migrantes nacionales y extranjeros, pero no dice cuántas mujeres fueron atendidas.
 
Además, la Segob señaló que para garantizar mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y reparación del daño a las personas migrantes y defensoras de esta población, el año pasado se tramitaron en total 60 visas humanitarias, de vínculo familiar y de trabajo fronterizo, y  prestó asesoría legal a miles de connacionales en el extranjero, pero no detalló sobre migrantes en tránsito por México.
 
También se tramitaron 114 quejas (sin indicar cuántas de ellas derivaron en sanciones) en contra de particulares o autoridades de los tres órdenes de gobierno.
 
La UPM apuntó que la Procuraduría General de la República (PGR) impartió 36 cursos en materia de trata de personas, cinco sobre DH y uno en atención a víctimas, como parte de los mecanismos para prevenir y reducir los delitos y violaciones a las garantías fundamentales de las personas migrantes, sus familias y quienes defienden sus derechos.
 
También precisó que celebró un ciclo de conferencias por el 30 de Agosto, Día Internacional del Desaparecido, y que se benefició a más de 6 mil migrantes mediante atención en el ámbito legal, de salud física y psicológica, transporte a su lugar de origen y seguimiento de inclusión laboral, pero todos ellos en el norte del país (los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California).
 
En materia trasnacional, la Segob dijo que celebró la primera reunión del Grupo de Trabajo trilateral México-EU-Canadá a fin de combatir la trata y tráfico de personas, y que se actualizó la Alerta Amber a nivel trilateral.
 
El PEM se desprende del Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018, y es la única política migratoria que cuenta con líneas de acción específicas para reducir los impactos negativos de la migración en las mujeres.
 
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