«Lo que más quiero es encontrar a mi niña, no sé en qué lugar está, ni con quiénes… pero sé que está viva», afirma Eversaín Miranda Martínez, quien a dos años de la trágica desaparición de su hija sabe que el dolor y la impotencia no ceden con el paso de los meses sino que, al contrario, se van haciendo más profundos e insoportables.
Su hija Concepción Miranda Quiroz, a quien de cariño llamaban «Conchita» -en ese entonces de 7 años-, desapareció el 26 de febrero del 2007, en el Campo Pesquero Número 2, pequeña comunidad integrada por familias de pescadores, asentada a un lado de playa Bagdad, en esta ciudad fronteriza.
«Lo que pudimos averiguar ese día fue que la última persona que la vio fue la señora de la tienda, a eso de las dos de la tarde, y como no tenía cambio de un billete de 20 pesos que llevaba mi niña, ella le preguntó que de quién era el dinero y ella contestó que `de un señor que vive allá`, afirma el padre de la menor de edad.
Otras versiones recabadas por la familia indican haber visto una camioneta blanca en dicha área y que no les resultaba conocida, pero nada más.
«Lo que sí sé es que no se ahogó», aclara el padre de Concepción; «si así hubiera sido, el mar la hubiera sacado a la orilla, y fue en tiempos de playa, la hubiéramos encontrado», afirma.
LAS AUTORIDADES, INSENSIBLES
La noche del 26 de febrero del 2007, después de agotar la búsqueda en la playa Bagdad, los padres de la niña –Xóchilt Quiroz Santos y Eversaín Miranda– se presentaron ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para denunciar la desaparición.
En el parte de localización número 839 del 2007 se cita que Concepción fue vista por última vez a las dos de la tarde, que llevaba puesto un short rojo tipo overol y una blusa blanca; la niña, precisa, presenta una discapacidad al no tener control total de sus extremidades –pierna y brazo izquierdo-, originada por una operación.
Asimismo, se anotó que unas personas de una camioneta blanca le habían dado un billete de 20 pesos.
«El policía que nos atendió nos dijo que era todo, que después irían a la playa a investigar, pero nunca fueron», señalan los padres.
De esta manera, quedó inconcluso el proceso de denuncia, ya que personal de la policía municipal nunca informaron a los padres que debían acudir a la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se levantara la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, y se iniciara una investigación para dar con el paradero de Conchita.
«Nadie me dijo que tenía que ir a otro lado para hacer otra denuncia», afirma Eversaín, quien meses más tarde, por consejo de otra dependencia federal, presentó ésta de forma extemporánea.
Sin embargo, la falta de información oportuna no sólo fue por parte de la Policía Municipal, pues algo similar ocurrió en la Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia, ya que tres días después del posible rapto de la menor de edad, los padres se presentaron ante esta dependencia buscando ayuda.
Personal de esta procuraduría les sugirió acudir a medios de comunicación para difundir el caso, pero el trámite jurídico para que esta institución tomara cartas en el asunto y asesorara a Xóchilt y Eversaín nunca se inició.
Así, ambas dependencias actuaron de forma deficiente, obstaculizando que esta familia tuviera acceso a los medios legales para iniciar de forma inmediata la búsqueda de su hija, lo cual vulneró derechos y garantías individuales como es la impartición de una justicia pronta y expedita y propició que se ignorara la situación de la niña, cuya búsqueda legal, a la fecha, ni siquiera se ha iniciado.
TRATA DE MENORES DE EDAD
Las omisiones cometidas se manifestaron el 15 de octubre de 2007, después de que elementos de la policía ministerial del estado arrestaran en playa Bagdad a Donald Edgar Lynch, prófugo de la justicia estadounidense y uno de los delincuentes más buscados por autoridades de ese país por los delitos de violación a menores de edad y pornografía infantil.
Ante este hecho, los padres de Conchita sospecharon que Lynch –quien tenía dos años viviendo en la playa– podía estar involucrado en la desaparición de la niña, ya que para ellos el caso podría estar relacionado con la trata de menores.
«Como a este señor se lo llevaron a Estados Unidos, me recomendaron buscar ayuda del Consulado Mexicano, para que lo interrogaran por la desaparición de mi hija», indicó Eversaín, por lo que acudió a la Oficina de Relaciones Exteriores en Matamoros, donde le pidieron los documentos de la denuncia.
Tras regañarlo por no haber puesto la denuncia ante el Ministerio Público, porque pensaba que sólo se hacía ante la policía municipal, Eversaín acepta que para él los trámites legales y procedimientos judiciales son algo completamente ajeno.
Ante esta situación, acudió a la Agencia del Ministerio Público Investigadora número 7, donde al llegar encontró a un hombre que, al conocer el trámite que deseaba realizar, le dijo que por ser «una denuncia fuera de tiempo» tenía que pagar 800 pesos. Como no contaba con ese dinero, prefirió esperar y más tarde otro sujeto le bajó la tarifa a 500 pesos. «No les di nada y mejor me espere hasta que llegara la agente del Ministerio Público, quien hizo el trámite sin cobrarme nada», relata.
UNA BÚSQUEDA QUE AÚN NO INICIA
De esta manera, cerca de ocho meses después se presentó la denuncia de forma extemporánea, pero de poco sirvió, ya que a dos años de la desaparición de Concepción, ahora de 9 años, no se ha iniciado la averiguación correspondiente, como lo muestra el expediente 272-2007 que no presenta avance alguno. Lo anterior no es extraño, puesto que al lugar de los hechos ninguna autoridad acudió para interrogar a los testigos.
En la oficina de Relaciones Exteriores, el trámite –iniciado en octubre del 2007– también está inconcluso, refiere Eversaín, para quien acudir a la ciudad desde playa Bagdad representa no sólo una hora de trayecto, sino dejar de trabajar un día, además de conseguir el apoyo de algún vecino que lo lleve a la ciudad o, de lo contrario, trasladarse en trasporte público, aunque con la dificultad que implica no conocer la ciudad ni las rutas que lo lleven a los diversos lugares que debe visitar.
Lo más difícil, reconoce, es enfrentarse a la falta de información y «tener que esperar hasta dos horas para ver a algún funcionario, aunque después me manden a otro lado.»
El hecho es que tras pedir apoyo a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, la Delegación de Justicia del Estado en Matamoros y la Oficina de Relaciones Exteriores en esta ciudad, se ha encontrado con trámites que no concluyen pues, por lo general, le piden regrese otro día con más datos o documentos.
Pese a todo, este padre de familia aún conserva la esperanza; por la experiencia y la intuición que tiene tras años de dedicarse a la pesca, sabe que su niña no se ahogó, y aunque el desconocimiento en procesos legales –agravado por la falta de orientación de las autoridades– ha contribuido a que la investigación de este caso no avanzara en dos años, aún espera que las autoridades hagan lo necesario para saber dónde esta Conchita.
09/ST/LG
