Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), hicieron un llamado para que el gobierno federal, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF) cumpla con la reparación del daño de cuatro sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
En conferencia de prensa organizaciones como Fundar Centro de Análisis, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», entre otras, exhortaron a los legisladores a considerar este tema en la asignación presupuestaria.
En menos de dos años, el Estado mexicano recibió cuatro sentencias: por la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército, por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua y por la violación sexual ejercida por militares contra dos indígenas tlapanecas, por lo cual –afirmaron– se debe contemplar un monto para reparar el daño a las víctimas.
A decir de Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar Centro de Análisis, resulta «interesante» que un gobierno con un equipo altamente especializado en técnica presupuestario dejara pasar el cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, pues en el PEF 2011 no se proyectaron recursos para la partida 3905, destinada a cumplir con la reparación del daño.
De acuerdo con el artículo 2 y 5 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el artículo 113 de la Constitución Política, los pagos de las indemnizaciones se deben realizar conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el PEF.
Por lo cual los especialistas en presupuestos, en derecho y en diálogo parlamentario consideraron que el Estado mexicano puede cumplir con las sentencias al destinar 24 millones 770 mil pesos para la indemnización de las víctimas.
Las organizaciones también refirieron que en el IV Informe de gobierno presentado por el Ejecutivo federal, dijo estar en tiempo para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sin embargo señalaron que el compromiso discursivo no se acompaña de obligaciones legislativas.
Ante esto, exhortaron a la Cámara de Diputados a asignar 24 millones 770 mil pesos para indemnizar a las víctimas de los cuatro casos. Cabe mencionar que esta cifra es una estimación que las organizaciones hicieron con base en los montos marcados en cada una de las cuatro sentencias de la CoIDH.
Miguel Pulido afirmó que la reasignación presupuestaria se puede hacer al interior de la Secretaría de Gobernación (SG), dependencia encargada de ejecutar estas sentencias.
Explicó que la SG destinará 114 millones de pesos en el rubro denominado «Comunicación Social y Publicidad Oficial», al cual se le podrían recortar los 24 millones 770 mil pesos destinados a la indemnización de las víctimas, un cambio que no impactaría en la gobernabilidad del país, dijo.
Asimismo mencionó que en las próximas semanas, la CoIDH podría dictar una nueva sentencia, esta vez por la tortura y detención arbitraria de dos campesinos ecologistas cometida por elementos castrenses, la cual podría sumarse a la exigencia de reparación del daño. «La indemnización es parte de los derechos de la víctima, de no garantizarse, éstos se vuelven a violar», sentenció.
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