La administración del presidente George Bush pretende solicitar a todos los organismos destinatarios de ayuda inscritos en programas federales de salud un certificado en el que se comprometan a no rechazar la contratación de enfermeras u otros servidores que se opongan al aborto o a ciertos tipos de control natal.
Bajo esta propuesta reglamentaria, los hospitales, clínicas, investigadores y escuelas de medicina tendrán que signar «certificados escritos» como prerrequisitos para obtener dinero de cualquier programa que este bajo el Department of Health and Human Services.
Esa certificación también prohibirá a los estados y gobiernos locales que discrimine a personal en áreas como hospitales y otras instituciones que tienen políticas que se oponga al aborto y al control natal.
La propuesta, que circuló el lunes pasado en el Departamento de Salud, dice que los nuevos requisitos son necesarios para asegurar que el dinero federal «no apoyará la coerción moral, prácticas discriminatorias o políticas de violación de la ley federal».
La administración señala que el Congreso ha aprobado leyes que asegura que doctores, hospitales y planes de salud no deben forzar a la realización de abortos.
La propuesta, obtenida por el New York Times, dice que la administración puede suspender la ayuda federal a individuos o entidades que discriminen a personas que rechazan el aborto basadas en «creencia religiosa o convicciones morales».
La propuesta define al aborto como «cualquiera de los siguientes procedimientos incluyendo prescripción medida, preparación y administración de cualquier medicamento o la realización de cualquier procedimiento o de cualquier acción que resulte en la terminación de la vida humana en el útero entre concepción y natural alumbramiento, antes o después de la implantación.»
Mary Jane Gallagher, presidenta de National Family Planning and Reproductive Health Association, que representa a proveedores, dijo que «la definición de la propuesta de aborto es muy general y cubriría muchos tipos de control natal, incluyendo contraceptivos orales y contracepción de emergencia».
«Nos preocupa que bajo esa propuesta, los servicios contraceptivos puedan convertirse en menos accesibles para gente de bajos recursos y desproteger a las mujeres», dijo Gallagher. Le preocupa además aquellos hospitales que proveen contracepción de emergencia para las víctimas de violación.
Nancy Keenan, presidenta de Naral Pro-Choice en Estados Unidos dijo: «Cómo se le ocurre a la administración de Bush, lo que está tratando es desalentar a doctores y clínicas por proveer contracepción a mujeres que lo necesitan».
Christina Pearson, del Departamento, declinó hablar del caso. «Normalmente no comentamos, aun y cuando se consideren cambios en las regulaciones», dijo.
08/LPB/GG
