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Prevalece entre defensoras de DH incertidumbre ante Mecanismo de protección

Por Anayeli García Martínez
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Las defensoras de Derechos Humanos (DH) aún ven con incertidumbre la operación del Mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, y por ello han decidido crear sus propias herramientas para resguardar su vida ante emergencias.
 
El Mecanismo de protección fue una respuesta del anterior gobierno federal para detener los asesinatos y desapariciones de activistas sociales y periodistas que por su labor son perseguidos igual por grupos criminales que por policías o funcionarios públicos.
 
Esta herramienta que sirvió como un paliativo para la situación de peligro que enfrentan las y los defensores agredidos fue impulsada por organizaciones civiles pero las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos aún no confían del todo en este proceso.
 
Marusia López, coordinadora de la organización Asociadas por lo Justo, reconoce en entrevista con Cimacnoticias, que crear un mecanismo institucional de protección fue un esfuerzo apoyado por la sociedad civil pero advierte que no significa protección real.
 
“Es difícil imaginar que va a reaccionar de manera efectiva en una situación de riesgo”, reclama.
 
“El mecanismo es importante para fincar la responsabilidad del Estado en todas las agresiones contra defensoras y defensores. El mecanismo sirve para que quede clara esa responsabilidad y elevar el costo político  de quienes están atrás de las agresiones”, dice.
 
Hay muchas críticas sobre su operación pero estas defensoras consideran que tienen la autoridad necesaria para hablar de este proceso por una razón: muchas de ellas fueron amenazadas de muerte y siguen en espera de ayuda.
 
Silvia Vázquez Camacho, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPH), radicaba en Baja California, ante las amenazas de muerte que recibió en 2010, ahora está refugiada en la capital del país.
 
Ella dice que el nuevo mecanismo de protección no ha hecho una evaluación de las personas en riesgo: “Ahí esta la normatividad pero a la fecha no nos han llamado para preguntarnos que pasó con la medidas, qué esta pendiente y cómo nos pueden proteger”.
 
La activista criticó que ninguna autoridad de la Secretaría de Gobernación, encargada de coordinar los trabajos del mecanismo, se haya acercado a las activistas que cuentan con medidas cautelares para evaluar su situación y determinar si la protección es la adecuada.
 
Al respecto una activista de Guerrero que vive amenazada por exigir servicios básicos para los pueblos indígenas, narró que como medidas de protección le dieron un radio de comunicación que no funciona y un teléfono satelital que tampoco sirve.
 
Sobre la persistencia de las amenazas señala “aprendí a vivir así” y es que a su parecer los desconocidos que tratan de amedrentarla solo buscan que se canse y desista de sus denuncias porque “qué tanto cuesta comprar una bala”.
 
Lo que estas defensoras preguntan es ¿qué tan importante es una denuncia si los casos sólo se archivan?.
 
13/AGM/LGL

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