Están atadas a las costumbres de sus comunidades, las cuales en general, representan obstáculos para su crecimiento como humanas; las políticas de desarrollo no las toman en cuenta y hasta las invisibilizan, son las mujeres rurales, las mujeres del campo, las indígenas, quienes, pese a todo, buscan y generan sus propios espacios para vencer la muerte materna, la violencia, el analfabetismo y, por supuesto, la pobreza.
Atadas a las tradiciones de su cultura, las mujeres rurales de América Latina y el Caribe –incluido México-, conocen lo que es la discriminación, la violencia, la pobreza, la muerte…, no sólo por ser mujeres no sólo por ser indígenas, sino por ser ambas cosas, porque la viven en carne propia o a través de sus madres, hermanas e hijas.
Las disculpas que sus respectivos gobiernos dan, las depositan en mayor parte en los usos y costumbres de sus comunidades, que desde su nacimiento les impone frenos para salir adelante, pues son educadas para ser esposas y madres, en suma mujeres que dependen de otros.
Pretexto que le quita al gobierno responsabilidad sobre las mujeres rurales e indígenas, sostiene la fundadora de la Red Nacional de Mujeres Rurales (RENAMUR) de América Latina y el Caribe, Vanete Almeida.
Así, los usos y costumbres, se vuelven una salida para no atender las necesidades y prioridades de las mujeres, que entre pobreza y olvido institucional y los mecanismos de articulación social de cada comunidad las dejan al margen de toda posibilidad de desarrollo.
Veanete Almeida, de origen brasileño, reconoce que ante ello son muy pocas las campesinas y mujeres indígenas que logran salir de círculo en que se encuentran.
En ese sentido, destaca el trabajo de RENAMUR y de diversas organizaciones en la región, a través de la cual, mantienen su identidad, sus valores y el reconocimiento de la cultura originaria.
«Las indígenas no nos oponemos al desarrollo, sólo a todo aquello que nos daña, nos invisibiliza, nos busca exterminar como la globalización, los tratados de libre comercio, la muerte materna, la violencia, la pobreza», enfatiza Almeida.
Y, es que de los mil 300 millones de pobres en el mundo, 70 por ciento son mujeres e indígenas, en tanto que en la última década la pobreza en América Latina y el Caribe aumentó un 50 por ciento, lo que confirma que es uno de los continentes más desiguales.
Producen más de la mitad de los alimentos que se cultivan en todo el mundo, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, proporción que en la región llega a 40 por ciento.
UNA DÉCADA SIN CAMBIOS
En México, la población de mujeres indígenas suma 12 millones y medio de los 25.3 millones de indígenas que hay en el país. Está dispersa en 196 mil localidades menores de dos mil 500 habitantes, distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional y en el 99.9 de las localidades donde residen, la mitad tiene un grado de marginación alto y muy alto.
Representan el 17.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país y, sin embargo, carecen de derecho a la propiedad y reconocimiento social; emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de las y los hijos, la familia y animales de traspatio.
Si bien la población femenina rural se halla distribuida a lo largo del territorio nacional, 68.1 por ciento se ubica en 10 entidades: Veracruz; México, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo; las tres últimas concentran al grueso de ellas con 55.5 por ciento, 54.3 y 50.7 por ciento, respectivamente.
Sus problemas de salud, educación y empleo adquieren características contrastantes con los de la población femenina urbana, situación que de manera lamentable persiste a pesar de que la IV Conferencia de la Mujer en Pekín (1995) declarara el 15 de octubre como Día Mundial de la Mujer Rural.
De ello ha pasado ya una década y su situación lejos de mejorar ha empeorado. «No ha avanzado sino en sentido inverso», asegura Marina Blanco Casco, secretaria general de la RENAMUR, quien resume el panorama que lacera hoy a la población indígena: pobreza extrema, marginación, exclusión, violencia…
LUCHA COMUN
La ciudad de Tlaxcala y el Distrito Federal fueron sede durante los meses de septiembre y a mediados de octubre, del II Encuentro de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe y de la Conferencia Internacional Las Mujeres Rurales: Estrategias para su Desarrollo, respectivamente.
Alrededor de 250 delegadas de 22 países denunciaron en el centro vacacional La Trinidad, municipio de la Santa Cruz, Tlaxcala, los retos que como mujeres y como indígenas tienen ante los embates del proyecto neoliberal y los tratados de libre comercio que institucionalizan el exterminio de las mujeres rurales y sus familias.
Fueron seis intensos días de trabajo en los que mujeres andinas, negras, cholas, indias y jíbaras acordaron reencontrarse dentro de cuatro años en Ecuador y exigieron se garantice en las legislaciones nacionales el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en relación con los derechos indígenas, y que se lleven a cabo las modificaciones de los Tratados de Libre Comercio que colocan en desigualdad a los campesinos latinoamericanos y discriminan a la población femenina.
Las labriegas, muchas de las cuales llegaron a nuestro país sorteando diversas dificultades migratorias y económicas, se declararon en oposición a la privatización de la tierra y los recursos naturales y por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
También decidieron emprender, el próximo 1 de diciembre, una campaña regional sobre la prevención del VIH-Sida.
Vanete Almeida, fundadora de la RENAMUR, enfatizó al concluir los trabajos que «esta historia no termina aquí, comienza el día de mañana que partimos a nuestros países; debemos llevar lo sucedido en este encuentro a las mujeres que no pudieron estar aquí».
Y exigió: «En cada espacio en el que estemos el campo, el mercado, la iglesia, contemos lo que hemos acordado a nuestras hermanas para que este proceso se fortalezca cada vez más y podamos ver nuestras demandas cumplidas muy pronto».
Este encuentro y el primero -realizado hace nueve años en Fortaleza, Brasil-, forman parte de las actividades de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (Redelac), coalición internacional fundada en 1990 en Argentina cuya coordinación es atendida por dirigentes campesinas de Brasil, Bolivia, México, Nicaragua, Perú, Argentina, República Dominicana y Uruguay. En nuestro país, la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales fue la anfitriona del foro.
REZAGOS ANCESTRALES
En la sede de la cancillería, el panorama para las mujeres del campo no varió al analizado en Tlaxcala.
La asesora en Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Itzá Castañeda, denunció «la pobreza en zonas rurales en México es 10 veces mayor que en zonas urbanas, es decir, las brechas de desigualdad tienen una expresión territorial».
Reconoció que la carencia de estrategias a favor de las mujeres rurales, «se ha convertido en una deuda hacia este sector», ante lo cual dejó claro: «No es necesario crear nuevas promesas, lo único que tenemos que hacer es dar cumplimiento a los compromisos adquiridos».
Protagonistas del campo mexicano las mujeres rurales, «rara vez tienen derechos individuales a la tierra, el capital, el agua y otros recursos», aseguró por su parte la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, María del Refugio González.
La directora general de Estudios y Publicaciones de la Reforma Agraria, Alejandra de María Campos Orrico, destacó a su vez que aún cuando la migración ha ocasionado la «feminización de la tierra», en los hechos las mujeres difícilmente pueden acceder a la propiedad de las mismas y lo que es peor aún, se da una feminización de la pobreza.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) cuando a las mujeres se les niega su igualdad en cuanto a la propiedad, su condición social, económica y política se menoscaba. Por el contrario, los derechos sobre la tierra aumentan el poder de las agricultoras en tales sectores.
«Garantizar la igualdad de los derechos de la tierra para mujeres y hombres, favorece las inversiones en tierras y la producción de alimentos, aumenta la seguridad familiar durante las transiciones económicas y sociales, y da lugar a una mejor administración de la tierra», concluye el estudio Género y Tierra, Igualdad de Condiciones de la FAO 2002.
05/GV/SJ
NUMERALIA
• 12. 5 millones de mujeres indígenas en el país
• 196 mil las localidades menores de dos milo 500 habitantes donde vive
• Más de la mitad de esas localidades tienen un grado de marginación alto y muy alto
• Representan el 17.3% de la PEA
• 68.1% de la población femenina rural vive en 10 estados.
• Oaxaca tiene el 55.5% de ese total
• Chiapas el 54.3%
• Hidalgo 50.7 %
