Prevalece “preocupante” tortura contra las mexicanas

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas manifestó hoy su preocupación por la desaparición y asesinatos de mujeres en México, y urgió a las autoridades a no dejar impunes el feminicidio en Ciudad Juárez y la tortura sexual cometida en San Salvador Atenco, en 2006.
 
Al dar a conocer sus observaciones finales sobre la situación en nuestro país, el organismo internacional alertó sobre la violencia que se comete contra las mujeres, luego de que hoy concluyó su periodo de sesiones iniciado el pasado 29 de octubre.
 
El grupo de expertos que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, expresó su preocupación por la continúa desaparición y asesinato de  mujeres por motivos de género, en particular en los estados de Chihuahua, Jalisco, México y Nuevo León.
 
De acuerdo con el documento divulgado, si bien en México hay “importantes avances” en el plano normativo e institucional para combatir la tortura y otras formas de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, la situación aún es grave.
 
Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre 2005 y 2010 en el Estado de México fueron asesinadas 922 mujeres, mientras que datos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua indican que en 2010 se registraron 584 casos en esa entidad.
 
Ante esta situación, el comité de la ONU instó al Estado mexicano a redoblar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y desapariciones por razones de género.
 
Durante las sesiones del comité, organizaciones civiles como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) señalaron que han documentado casos de malos tratos.
 
Explicaron que por lo general los casos de tortura contra mujeres se dan a causa de su activismo político, por protestar ante el encarcelamiento de su pareja o hijos, o por denunciar a funcionarios públicos que incurrieron en algún delito.
 
De acuerdo con las agrupaciones, la tortura contra las mujeres se traduce en violación y hostigamiento sexual, y humillación y amenazas contra la familia, tales como golpear a sus hijos e hijas, quitarles la custodia o atentar contra ellos.
 
En los informes alternos que enviaron al comité la Red TDTT y la OMCT, las y los activistas afirmaron que estos métodos van aunados a amenazas de muerte y atentados, o se les obliga a presenciar la tortura de otras personas, se les priva de agua y comida, o se les niega atención médica.
 
Con esta información, el comité criticó la deficiente aplicación del  marco legal para proteger a las mujeres, y observó que persiste la impunidad en graves actos de violencia, como los ocurridos en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
 
En operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco –como parte de la oposición de ejidatarios contra la construcción de un aeropuerto–, 47 mujeres fueron detenidas y 26 de ellas reportaron ser víctimas de agresiones sexuales.
 
Ante la falta de castigo a los culpables, 11 mujeres sobrevivientes de violencia continúan en la búsqueda de justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Además de hacer énfasis en el caso Atenco, el comité urgió a dar pleno cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas contra el Estado mexicano, y en específico al fallo del 16 de noviembre de 2009 por el caso Campo Algodonero, sobre la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 
Otra preocupación para el organismo de la ONU es el elevado número de asesinatos, desapariciones y actos de intimidación y hostigamiento contra las y los defensores de Derechos Humanos (DH) y periodistas.
 
En sus observaciones finales, el comité señala que pese a la reciente promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, persiste una extendida impunidad en los crímenes cometidos contra activistas y comunicadores.
 
Según la información recibida por los expertos del comité, la mayoría de esas agresiones son atribuidas a organizaciones criminales, aunque en ciertos casos hay indicios de una posible implicación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
 
El Comité lamentó que el Estado mexicano no haya dado información concreta sobre el resultado de las investigaciones y procedimientos penales en curso, y por tanto que careciera de información oficial sobre estos casos.
 
En conclusión, el organismo recomendó que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de las y los defensores de DH y periodistas, ante la intimidación y violencia a la que se exponen por el ejercicio de su labor.
 
Llamó también a acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección previsto en la ley, y adoptar medidas para investigar sin demora, exhaustivamente y de modo eficaz, todos los actos de intimidación y violencia contra activistas y comunicadores a fin de enjuiciar y castigar tales hechos.
 
12/AGM/RMB