El presidente Vicente Fox en su V informe presidencial nada dijo sobre el combate a la violencia de género, y en especial a la violencia feminicida, que prevalece como uno de los problemas más graves de su gestión.
Cinco años después de haber asumido el poder, Fox continúa sin establecer una política integral para enfrentar el problema, mientras los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua se extienden a otras entidades del país, como Chiapas, Veracruz, Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Sinaloa, donde sólo en lo que va de este año han sido asesinadas 30 mujeres.
Sin cifras precisas, los números que trascienden en los medios de comunicación sobre el problema fueron incluso materia de reproche por parte de Fox, quien declaró que la mayoría de los homicidios estaban resueltos y los culpables en la cárcel, y acusó a los medios de «refritear» los mismos casos.
«En el tema de la violencia se debe tener sensibilidad, pero también voluntad política; es necesario adoptar compromisos más tangibles para realizar acciones más contundentes e incidir en la violencia contra las mujeres», afirmó Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac).
Ante la ausencia de una estrategia eficaz del gobierno federal para detener la violencia e impulsar la equidad de género, este año fue el Congreso de la Unión, a través de las comisiones especiales de Equidad y Género y de Seguimiento a los Feminicidios, el que tomó medidas en favor de las mujeres mexicanas.
Una de las acciones fue la aprobación, a instancias de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, de una partida presupuestal por 96 millones de pesos para apoyar programas contra la violencia de género impulsados por los institutos estatales de las mujeres en todo el país, a cada uno de los cuales se le asignaron tres millones de pesos.
Con el objetivo de documentar el fenómeno de la violencia y proponer medidas para reducirla y erradicarla, la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios impulsa una investigación sobre las causas del problema en 11 entidades del país que, según cifras preliminares, registran los más altos índices de violencia de género.
Fueron también estas comisiones, sumadas a las de Justicia y Derechos Humanos, las que presentaron una iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en la atención de Delitos Violentos contra las Mujeres, después de insistir, sin recibir respuesta alguna, para que lo hiciera el ex procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.
El presidente Fox se ha mantenido al margen de estas acciones y, con total indiferencia frente al tema, no ha dado respuesta a la solicitud que le formularon las legisladoras de las citadas comisiones, de sostener una reunión de trabajo que permita a los Poderes Legislativo y Ejecutivo dimensionar el problema de la violencia feminicida y atenderlo de manera conjunta.
El problema va más allá de Ciudad Juárez. Se trata de atacar el fondo de la desigualdad, y la igualdad es más que distinguir entre las y los mexicanos, consideró por su parte la diputada Rebeca Godínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En su segundo informe de gestión, entregado al presidente Fox hace unas semanas, la comisionada especial de la Secretaría de Gobernación, Guadalupe Morfín, reconoció el fracaso de la estrategia del gobierno federal para enfrentar el feminicidio, y advirtió que su prevención y erradicación no son tareas que se resuelvan en un año y medio.
«Implica cambios estructurales educativos (en la discriminación por género), económicos (la pobreza, el desempleo, la exclusión), políticos (la impunidad, las fracturas en la legalidad y la legitimidad de ejercicio del poder), entre otros, lo cual supone un intenso trabajo en las causas que lo generan, sostuvo.
05/LG/YT
