Norma Andrade, fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, Chihuahua; calificó como un insulto y ofensa para las mujeres, la candidatura del ex gobernador de la entidad fronteriza, Patricio Martínez García, al Senado de la República, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En entrevista con Cimacnoticias, la activista dijo que es preocupante que personas como el priísta que se desempeñó como Gobernador de 1998 a 2004, lleguen al senado, supuestamente para proteger a las y los ciudadanos y cuestionó si en el país no existen buenos políticos, que tengan tanto visión de género, como de defensa de los Derechos Humanos (DH).
«Cómo podemos creer que él va a generar ejes en defensa de las y los ciudadanos, si él es quien ha pisoteado los DH de todas y todos los chihuahuenses negando durante su gestión los asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad y escondiendo los cuerpos de mujeres».
La activista recordó que fue durante la gestión de Patricio Martínez cuando a las madres que exigían justicia para sus hijas las mandaron a golpear en varias ocasiones, por lo que en señal de protesta, ellas colocaron la famosa cruz con los nombres de las jóvenes, misma que el gobernador Martínez mandó quitar varias veces.
Andrade agregó que cuando la madre de Silvia Elena Rivera Morales -joven de 17 años de edad desaparecida y asesinada en julio 1995, en Ciudad Juárez- se acercó a Patricio Martínez a pedirle justicia, éste le dijo que porqué le reclamaba a él.
«Que le reclamara al anterior gobernador porque él era el que estaba cuando asesinaron a su hija» rememora Andrade, quien reitera que como ésta existen otras experiencias de madres juarenses con el entonces gobernador.
Pese a ello, Patricio Martínez se encuentra registrado en la lista de candidaturas a senadores por el principio de Mayoría Relativa del PRI en la primera fórmula, su suplente es Israel Beltrán Montes.
¿QUIEN ES PATRICIO MARTÍNEZ?
Patricio Martínez es Contador Público, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó como Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chihuahua.
Inició en la política de la mano del entonces gobernador de Chihuahua, Fernando Baeza Meléndez, quien en 1991 lo nombró Director General de Administración del estado, y un año después, en 1992, lo impulsó como candidato del PRI a la presidencia municipal de Chihuahua, la cual ganó.
En 1997 fue diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Chihuahua en la LVII Legislatura, en 1998 solicitó licencia para buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, que también ganó.
El gobierno de Patricio Martínez (1998 a 2004), fue ampliamente criticado, entre otras cosas, por nombrar como Procurador de Justicia del estado a José de Jesús Solís Silvia conocido también como «Chito Solís», quien tenía averiguaciones en su contra por tortura y violaciones a los DH.
La falta de resultados en las investigaciones de las desapariciones y asesinatos de mujeres en la entidad, le valió que madres y familiares de víctimas solicitaran su destitución.
En el caso de Minerva Teresa Torres (víctima de feminicidio en Chihuahua) sus familiares denunciaron penalmente al ex gobernador Patricio Martínez, al ex procurador José de Jesús Silva, y a otros nueve ex funcionarios por ocultarles durante más de dos años el cadáver de la joven desaparecida el 13 de marzo de 2001, a los 18 años de edad, cuyos restos fueron localizados en julio de 2003.
Fue también durante la gestión de Martínez García cuando en 2001 aparecieron en el Campo Algodonero los cuerpos de 8 mujeres asesinadas y con rasgos de tortura sexual, caso emblemático que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y por el que el Estado mexicano mereció una sentencia en 2009.
Aunque uno de los puntos de la sentencia de la CoIDH señala que el Estado deberá «dentro de un plazo razonable» investigar a las y los funcionarios acusados de irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes así como investigar y sancionar a las personas responsables de hostigar a familiares de las víctimas, lo cierto es que en su segundo informe de cumplimiento de la sentencia ante la Corte (emitido en diciembre de 2011) el Estado mexicano señaló que no se pueden fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios involucrados toda vez que éstas ya prescribieron al tiempo que señala, muchos de ellos ya no laboran en las instancias de procuración de justicia.
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