La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación para que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el gobierno del estado de México y el Instituto Nacional de Migración (INM), inicien un proceso administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos involucrados en los hechos de Texcoco y Salvador Atenco en mayo pasado, cuando 26 mujeres fueron violadas y dos personas perdieron la vida.
En conferencia de prensa, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, precisó que durante el operativo realizado el 3 y 4 de mayo pasado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, 26 mujeres fueron víctimas de abuso sexual y violación.
Bajo amenazas las mujeres fueron obligadas a realizar diversos actos sexuales y existen elementos para advertir presuntos actos del tipo penal de «violación equiparada», sostiene la recomendación 38/2006.
Dijo que como parte de sus indagatorias peritos médicos de ésa Comisión, realizaron 26 estudios valorativos, aplicando el Protocolo de Estambul a 11 mujeres y 15 hombres.
De acuerdo con dicho manual internacional, señaló Soberanes, la CNDH recabó actas circunstanciadas, material fotográfico, videográfico y hemerográfico, escrito de aportación y ampliación de quejas, copias certificadas de documentos oficiales, partes policíacos y copias certificadas de expedientes clínicos.
Toda esa labor de recopilación y análisis, permitió concluir que sobre dichos hechos, los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Policía del Estado de México y del INM, cometieron diversas violaciones a los derechos humanos.
Tales como trato cruel, inhumano y/o degradante; allanamiento de morada, detención arbitraria y retención ilegal, incomunicación, tortura, violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación), atentados contra el derecho a la vida, violación a los derechos de los menores y a los derechos de seguridad jurídica y legalidad.
GOLPES, AMENAZAS, ACTOS INTIMIDATORIOS
De acuerdo con el informe presentado por Soberanes Fernández, de más de 1960 páginas en nueve tomos, durante el operativo de la fuerza pública en Atenco 207 personas fueron detenidas y trasladadas al centro de readaptación social «Santiaguito».
En el lapso de unas cuatro horas, que duró el traslado, los detenidos recibieron golpes y amenazas de muerte, se les arrojó al piso de los vehículos sin importar su estado físico, edad o sexo.
Los golpes, amenazas y actos intimidatorios que de manera individual recibieron todos los detenidos constituyen actos de tortura ratificados como tales de conformidad con el Protocolo de Estambul, precisó.
El presidente de la CNDH puntualizó que en el caso de las mujeres víctimas de violación, el personal de «Santiaguito» no preservó las evidencias dejadas por las secuelas de las lesiones y abusos.
En algunos casos, la ropa de las agraviadas les fue retirada sin su consentimiento, e incluso en algunos otros las obligaron a lavarlas.
El titular de la CNDH destacó además, que las labores de investigación a lo largo de estos meses fueron obstaculizadas tanto por la PFP como por elementos de la policía del estado de México.
Dijo que hubo solicitudes de información dirigidas a las autoridades, que no fueron atendidas con oportunidad; otras recibieron respuestas insuficientes o contrarias a las evidencias y a lo que establecía el hecho demostrado.
RECOMENDACIONES?
Entre las recomendaciones dirigidas a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública Federal, sugiere que se inicie proceso administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos de la PFP y los elementos comisionados por otras dependencias a su cargo, involucrados en los hechos violentos.
Recomienda también girar instrucciones a fin de que inicien la averiguación previa que proceda por la comisión de actos ilícitos en que incurrieron los elementos de la federal preventiva.
Al gobernador Enrique Peña Nieto, se le hacen entre otras, la recomendación para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad contra los servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal, involucrados.
Que se efectué de inmediato el pago de la reparación del daño o indemnización, a los deudos de Javier Cortes Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández, quienes fallecieron durante el operativo, además que se investigue al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social «Santiaguito», así como al personal encargado de la atención médica de las y los internos.
De manera conjunta se recomienda a Peña Nieto y a Eduardo Medina Mora que se otorgue la reparación de los daños y perjuicios a las personas que resultaron afectadas en su integridad física.
Finalmente a Hipólito Treviño Licea, comisionado del INM se le exhorta a iniciar un proceso administrativo contra los servidores públicos de su delegación regional en el estado de México, y de la dirección General de Control y Verificación Migratoria, por su probable responsabilidad, en la expulsión ilegal del país de cinco personas (cuatro son mujeres: dos españolas, una alemana y una chilena).
Además de que se les restituyan sus derechos a las y el extranjero involucrados en el caso y que se revise el procedimiento de expulsión.
06/LG/LR/CV
