Tomás Coronado Olmos, Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco, ha sido señalado por participar presuntamente en reuniones privadas donde se realizaban prácticas sexuales con menores de edad, una de las cuales fue violada.
La Red Interactiva de difusión del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, señala en un comunicado que las víctimas presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para preservar su seguridad personal, pues ya fueron privadas ilegalmente de su libertad por trabajadores de la propia Procuraduría del Estado.
De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) realizó la petición de medidas cautelares a la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), es decir, a la instancia cuyo titular está siendo acusado, denuncian.
Así mismo, en el comunicado se informa que la actitud y respuesta de los representantes de algunas de estas instancias ante las acusaciones, dotan de incertidumbre al proceso y lo despojan de certeza jurídica necesaria.
Pone en duda la imparcialidad y transparencia de las investigaciones, señalan, el hecho de que la CNDH no atrajera el caso, «lo cual obliga a la CEDHJ a trabajar a fondo en la búsqueda oficiosa de pruebas».
Por lo que cuestionan la decisión de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, titular de la CEDHJ y presidente del Consejo Ciudadano, de no firmar el pronunciamiento que realizó el propio Consejo para exhortar al gobernador del Estado, Emilio González Márquez, a iniciar de inmediato la investigación sobre los señalamientos en contra del procurador, Tomás Coronado Olmos.
A través de este comunicado, que fue acompañado por firmas de diversas organizaciones, el Observatorio hace latente su indignación por la presunta responsabilidad del Procurador de Jalisco, y exige la remoción del cargo de Tomás Coronado Olmos, ya que esto daría legalidad y certeza a las investigaciones y sería un principio innegable de seguridad y protección a las víctimas. Además de que respondería a un principio fundamental en el proceso de indagación: la protección de la víctima.
Por tal motivo, exigen que la CEDHJ actúe tomando en cuenta que su razón de ser legal y ética, es la defensa y protección de los derechos humanos de los jaliscienses, es decir, los responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser juzgados, independientemente del cargo público que ocupen.
«Lo que está en juego es el bienestar y seguridad de las víctimas, lo que está en juego es el respeto a los derechos humanos de los jaliscienses», finaliza el comunicado de la Red Interactiva de difusión del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres
De hecho esta organización, que tiene como objetivo fundamental ser una herramienta de divulgación de información sobre eventos y noticias acerca la situación de las mujeres, convoca a las lectoras y lectores a apoyar este pronunciamiento, mandando sus firmas a los siguientes correos: [email protected], [email protected] y [email protected].
Esto con el fin de exigir al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión del Estado de Jalisco y a la CEDHJ, que este acto no quede impune y retomen las medidas procedentes para llevar a cabo una investigación transparente y apegada a la legalidad.
08/GD/CV
