El procurador general de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, afirmó que para acabar con los casos de feminicidio y las desapariciones de mujeres en su estado es necesario desarrollar tecnologías de punta.
Durante su comparecencia con la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, el procurador estatal explicó que para hacer frente al feminicidio la PGJE requiere un presupuesto que le permita contar con una infraestructura eficiente para esa tarea.
Al exponer la situación de Sonora en materia de violencia contra las mujeres, señaló que tienen muchas limitaciones por lo que pidió a las diputadas federales que los «apoyen» con un presupuesto para contar con las herramientas elementales y así desarrollar su trabajo.
Señaló que para investigar los casos de feminicidio se debe contar con Semefos bien equipados, con gente especializada, con conectividad web, y mejorar la funcionalidad de los centros integrales de procuración de justicia.
Agregó que se debe considerar que la Procuraduría tiene también otras «cargas» como la impartición de justicia para adolescentes, desarrollo del sistema de información para los centros de orientación, protección y atención a víctimas del delito, entre otros.
Si bien el procurador no precisó datos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha dado a conocer que de agosto de 2007 a 2011 se registraron 217 asesinatos de mujeres en Sonora.
De enero a agosto de 2011, el OCNF documentó 27 casos de feminicidio en el estado, lo que a decir de esta organización, es ejemplo del desprecio exacerbado hacia la vida de las mujeres, tanto por parte de los asesinos como de las autoridades.
Ante esta situación, el OCNF exigió en días recientes al Congreso estatal que tipifique el delito de feminicidio y etiquete presupuesto para la implementación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia.
Organizaciones locales de mujeres han exigido al gobierno de Sonora que implemente órdenes de protección sin dilación para las mujeres que denuncien que sus vidas corren peligro por la violencia de pareja, ex pareja o alguna otra amenaza de muerte.
Al respecto, Murrieta Gutiérrez dijo que el Ministerio Público cumple con las órdenes de protección y que tienen como prioridad la implementación de la «Alerta Amber» (para localizar a niñas y niños desaparecidos) con el objetivo de ser más eficientes.
Señaló que en el gobierno estatal se está consolidando el sistema de identidad en restos óseos por perfil genético y que están realizando una base de datos al respecto. Además agregó que también se debe hacer una identificación multi-biométrica.
La diputada presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, Teresa Incháustegui, dijo que se debe considerar información sobre el tipo y modalidad de los asesinatos: «Si sabemos cómo ocurre un fenómeno y cuándo ocurre, tendremos mucho más oportunidades de prevenirlo».
La legisladora del PRD dijo que el feminicidio en la entidad podría ser mayor al registrado en Chihuahua o Sinaloa, toda vez que —de acuerdo con información del Inegi— en Sonora a las mujeres las estrangulan, ahorcan o ahogan.
Murrieta Gutiérrez contestó: «Tendríamos que ser un poquito más explícitos, no es tan sencillo llegar a esas conclusiones. Ni me estoy excepcionando de ninguna situación de que en mi estado a lo mejor si pudiera existir esa situación, pero deveras —con toda buena fe se los digo— no consideramos la liga tan determinante».
Finalmente la diputada explicó que en el año 2000 los homicidios íntimos o de pareja (en los que la víctima fue encontrada en el hogar) constituían el mayor porcentaje, mientras que en los últimos años se ha incrementado el feminicidio en vía pública, predios o lugares despoblados.
Por ello dijo que se debe mejorar el análisis de cómo ocurren estos delitos para poder prevenirlos y erradicarlos; asimismo invitó a la PGJE a informar cuántas mujeres desaparecidas son localizadas y en qué condiciones las encuentran.
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