Procuraduría de Colombia criminaliza a defensoras

Durante una audiencia el pasado 14 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 30 organizaciones civiles colombianas denunciaron la precaria situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país sudamericano.
 
En un informe, advirtieron la falta de una institución nacional que garantice esos derechos y alertaron sobre la persecución contra las y los defensores que actúan a favor de las mujeres, la infancia y las personas LGBTTI (lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales).
 
De acuerdo con las agrupaciones, la Procuraduría General de la Nación (PGN) es la que debería proteger y promover los Derechos Humanos (DH), incluidos los sexuales y reproductivos, pero su titular, Alejandro Ordoñez Maldonado, “no cumple con el principio de imparcialidad al desconocer la existencia de los derechos sexuales y reproductivos, y los de la población LGBTTI, y al abusar de su poder para hostigar, perseguir y criminalizar a defensoras y defensores de estos derechos”.
 
Las y los activistas afirmaron que la conducta de la PGN “quiebra” principios democráticos previstos en la Constitución de Colombia y el estado social de derechos, y que la persecución y el abuso de poder sitúan a las poblaciones vulnerables en una situación cada vez más frágil de violaciones dentro de un escenario de impunidad.
 
Un ejemplo de intimidación y abuso de poder citado en el informe se refiere al caso de Medellín, la segunda mayor y más importante ciudad de Colombia, donde miles de mujeres sufren violencia doméstica, sexual y desplazamiento forzado sin que haya protección de sus derechos.
 
También las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia sexual asociada al conflicto armado interno enfrentan serios obstáculos para hacer valer sus derechos.
 
Sobre los derechos de la población LGBTTI, en el documento se destaca que desde 2009 la PGN se opuso “sistemáticamente” al reconocimiento de derechos ya garantizados, interviniendo también en las adopciones de niñas y niños por parejas homosexuales, a pesar de que la ley colombiana no prohíbe la adopción a las personas con orientación sexual o identidad de género diferente.
 
“Los conceptos de la Procuraduría promueven una interpretación jurídica de la legislación interna que desconoce los derechos de la población LGBTTI y que refuerzan los estigmas, prejuicios e imaginarios arraigados en la sociedad colombiana que consideran a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas, como conductas propias de individuos ‘anormales’ o ‘enfermos’, sin idoneidad para conformar una familia merecedora de la misma dignidad y protección jurídica que la llamada familia ‘tradicional’ o ‘mayoritaria’, compuesta por un hombre y una mujer”, se enfatiza.
 
Las organizaciones demandaron que el Estado legitime la actividad de las y los defensores de derechos sexuales y reproductivos y cumpla el deber de protegerlos ante posibles abusos, persecuciones, asedios y criminalización por parte de los agentes del Estado.
 
También pidieron que el gobierno presente un informe sobre la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, realizadas por la PGN y que realice el seguimiento de los casos denunciados.
 
Además solicitaron a la CIDH que en el informe de la visita a Colombia en 2012 se incluyan recomendaciones concretas al Estado para promover, legitimar y defender el trabajo de las y los  defensores de derechos sexuales y reproductivos y de la población LGBTTI.
 
*Texto retomado del portal de noticias internacional Adital.
 
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