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Produce consecuencias aberrantes la desarticulación oficial

Por Sara Lovera

En México no existe un programa articulado contra la violencia hacia las mujeres; el gobierno federal y muchos estatales no rinden cuentas y se han creado instituciones, como los refugios para mujeres operados por particulares, cuya acción es solamente asistencial.

Martha Román, encargada de la dirección del Instituto de la Mujer Coahuilense, abrió esta tarde el debate sobre un mecanismo del Estado que parecía la panacea hace pocos años: los institutos de las mujeres y las políticas públicas contra la violencia.

Ponente en la primera mesa redonda de intercambio de experiencias del Seminario Internacional contra la Violencia de Género: Amores que Matan ¿Terrorismo de Género o Violencia Doméstica?, que comenzó aquí hoy, la funcionaria mexicana acusó al gobierno de derecha que preside Vicente Fox de no rendir cuentas y cuestionó la forma como se utilizan recursos etiquetados para las mujeres en México.

Abajo más de 14 mexicanas invitadas quedaron exhaustas, porque Martha Román había sido acusada de “institucional”; sin embargo, fue esta funcionaria la que, según dijo Alicia Gil, anfitriona de la reunión, colocó en la agenda el delicado tema de esta forma gubernamental de distraer a la sociedad y no resolver los problemas.

Pero Román fue más allá: se observa, dijo, que distintas dependencias federales y estatales han realizado campañas de difusión, editados y distribuido material impreso relacionado con el conocimiento del problema de la violencia hacia las mujeres, duplicando esfuerzos y materiales; ponen en marcha programas de capacitación de los servidores públicos, pero nada de eso forma parte de un proyecto global.

El programa Vive sin Violencia no opera, no tiene vida activa, nadie sabe qué hace, con cuánto dinero cuenta y qué resultados tiene. La desarticulación, sostuvo, ha producido consecuencias aberrantes: están saturadas las instituciones gubernamentales y civiles que dan servicios de apoyo, hay un déficit en el sistema judicial para dar una respuesta adecuada al problema, existe un débil compromiso del sector salud y faltan programas de rehabilitación para los agresores.

Lo más grave es que se está hablando de una política fragmentarias y mientras tanto crece el índice delictivo que las entidades de la República no pueden enfrentar.

A las reflexiones de Martha Román las asistentes de nueve países afirmaban con la cabeza. El problema es el mismo. En todas partes los mecanismo o institutos de la mujer no operan con la diligencia y profundidad que requiere el problema, porque, decía desde el público una mujer: no hay voluntad política, porque la violencia que viven las mujeres es estructural.

2004/SL/GMT/SM

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