Al menos cinco de los programas contenidos en el Anexo 10 –dirigidos específicamente a los recursos etiquetados para mujeres– del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los cuales están dirigidos a la atención de la salud y el desarrollo social y económico de las mujeres mexicana, carecen de perspectiva de género y las personas responsables de estas políticas no tienen la capacitación suficiente para ejecutarlos.
Así lo señaló a Cimacnoticias Diana Teresita Álvarez Ramírez, coordinadora del Observatorio Transparencia y rendición de cuentas, en la aplicación de los presupuestos y programas de la administración pública federal, en materia de transversalidad de la perspectiva de género, del Distrito Federal (DF).
Álvarez Ramírez, también integrante de la organización civil Desarrollo Psicológico Educativo y Social, Crecer, indicó que algunos programas, entre los que se encuentran el de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y el de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, no se ejecutan a plenitud conforme a los lineamientos establecidos en el Anexo 10 del PEF.
Con base en investigación documental y en entrevistas realizadas a beneficiarias y personal a cargo de estos programas, actividades que realizó el observatorio en siete de 32 estados del país durante 2007 y 2008, Diana Álvarez sostiene que «si bien la perspectiva de género está mandatada de las reglas de operación, hay una diferencia en la manera en que los programas se llevan a cabo».
Debido a la falta de capacitación del personal para instrumentar estos programas, entre los que también se encuentra el de Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud –en las modalidades de Arranque Parejo en la Vida, Planificación Familiar e Igualdad de Género en Salud– se reportan fallas que dificultan impulsar cambios en las condiciones actuales de las mujeres, mencionó.
Diana Álvarez, quien durante 2007 realizó en Chihuahua y, en 2008, en el DF, la investigación y el monitoreo de los programas anteriores, en conjunto con el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes), refirió que las políticas antes mencionadas requieren modificaciones; sin embargo, «son indispensables para las mujeres, sobre todo en un contexto de crisis económica donde ellas son las que más se ven afectadas».
La apuesta es, dijo, que estos programas mejoren para que cumplan con su objetivo: mejorar hasta lo óptimo la condición social de las mujeres. En este sentido, destacó, el aporte del observatorio es «importante» porque realiza las recomendaciones pertinentes a cada dependencia, de manera directa, con base en evidencias resultado de la investigación documental y de campo.
OBSERVATORIO POR LA TRANSPARENCIA
De acuerdo con Diana Álvarez, el observatorio –que surgió por encargo de la Comisión de Equidad y Género durante la LX Legislatura y fue convocado por la Secretaría de Función Pública, es un ejercicio ciudadano relevante para la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a estos programas.
Además, el observatorio, integrado a la fecha por representaciones ciudadanas y de centros de investigación en siete entidades federativas, donde realizan un diagnóstico sobre la aplicación de dichas políticas con las mujeres, «permite hacer propuestas y arroja información útil para solicitar cambios a las normas de operación de los programas con el propósito de mejorarlos».
Los resultados, dijo, «no se van a ver en un año, es una inversión a mediano y largo plazo». No obstante, indicó que un ejemplo de la incidencia del observatorio en programas en favor de las mujeres mediante sus recomendaciones es la incorporación de una «unidad de género» en la Secretaría de la Reforma Agraria para la atención del Promusag.
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