Las mujeres pobres serán las más afectadas por las reformas aprobadas en las constituciones de 12 estados del país que, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción, criminalizan el aborto aun en caso de violación, atentando contra el Estado laico y democrático que se consagra en la Carta Magna, afirma Fray Julián Cruzalta, director de Magdala, Instituto de Asistencia Integral AC.
El Estado Laico no es un Estado sin moral, es un Estado de política pública, «pero como muchas legislaturas no entienden estos conceptos, mezclan moral privada con ética pública», dice este sacerdote católico, quien es asesor teológico de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Expuso estas opiniones en su ponencia «Aspectos éticos y morales de la Interrupción Legal del Embarazo», durante el Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género «Los derechos de las mujeres y el debate sobre el derechos a la vida», organizado en días pasados por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California.
La aprobación de estas leyes que prohíben la ILE, señala Cruzalta, debe visualizarse no sólo desde una perspectiva religiosa, sino como una violación a los derechos humanos, a la libertad de conciencia y de creencias, la libertad de expresión y de pensamiento.
Por lo tanto, son una imposición moral, «pero como cada uno tiene derechos a tener su propia moral y valores, entonces los congresos locales tendrían que hacer leyes para el mundo católico romano, pero también para el católico ortodoxo y anglicano e inmediatamente después para todo tipo de creencias religiosas».
Cruzalta hizo hincapié en la confusión que hay al hablar de «vida», «vida humana» y de «persona humana». «Son cosas totalmente diferentes y en las iniciativas para aprobar la Ley donde se protege la vida desde la concepción, el Partido Acción Nacional (PAN) hace una mezcla de conceptos. Garantizar el derecho a la vida no es sinónimo de garantizar el derecho de la persona humana.
Cualquier célula de la piel es «vida humana», detalla el teólogo, pero hablar de «persona humana» es hablar de todo un proceso antropológico en donde no se ponen de acuerdo ni en el ámbito religioso ni el moral.
Las iglesias tienen todo el derecho de delinear los preceptos morales a sus fieles, pero los Congresos de los estados no son lugares para esos temas.
«No les pagamos a las y los diputados para que nos den catecismo, porque entonces es falta de ética pública, el Estado no es creyente sino garante de hacer valer los derechos de la Constitución Federal», enfatizó Cruzalta.
NIÑAS Y MUJERES, CIUDADANÍA DE SEGUNDA
En el mismo Seminario Interdisciplinario de Estudios de Género «Los derechos de las mujeres y el debate sobre el derechos a la vida», Francisco Sánchez Corona, procurador de los Derechos Humanos de Baja California, quien promovió un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios a la Constitución local para limitar o impedir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, señaló que con ello se convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda.
La actitud del Congreso, dijo, «ha rebasado los límites del respeto y la tolerancia de las y los ciudadanos» y recordó que ante el conocimiento de la iniciativa presentada por las fracciones del PAN y el PRI, varios grupos de la sociedad civil acudieron para plantearle sus inquietudes.
Sin embargo, los planteamientos que se dieron a los legisladores no fueron suficientes para que las y los diputados vieran el error y la violación fragante que se iba a cometer con la iniciativa que se aprobó en una sesión casi secreta en el Congreso el 21 de octubre de 2008.
Ante esto, recordó que como representante de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California, presentó ante la Suprema Corte de Justicia, el 26 de enero de este año, un recurso de inconstitucionalidad de la ley aprobada en el estado, que tendrá que ser discutida en los próximos meses por la máxima autoridad de justicia del país.
Recordó también que la ley contra la ILE viola no solo la Constitución federal, también tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como la Convención para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén Do Pára.
NIÑAS SIN DERECHOS
Recordó asimismo a Paulina, una niña abusada sexualmente, a quien las autoridades panistas de Baja California le negaron su derecho a la ILE, obligándola a ser madre. «Ahora, dijo el Ombudsman, es una joven que vende tamales en Mexicali y vive en una zona marginal, muestra clara que el Estado jamás la ayudó y ni siquiera le importó el desarrollo y vida de su hijo».
Agregó Sánchez Corona que hace unas semanas la Procuraduría recibió la queja sobre una niña de 13 años, que estaba en un refugio, vivía con VIH y a quien su padrastro violó y embarazó.
Sin embargo, a las pocas horas de que supo del caso, la niña fue sacada del refugio y a la fecha no se sabe su paradero. «Con esconder estos casos, puntualizó el Ombudsman, el Gobierno de Baja California no va solucionar los graves problemas y violaciones en que se incurrió al aprobar esta ley contra la ILE que deja a las mujeres y niñas en total vulnerabilidad y viola su derecho a decidir sobre sus cuerpos.
09/STP/LAG/GG
