El 6 de marzo, el Senado uruguayo aprobó el proyecto de Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República.
Como desde el 14 de diciembre pasado ya contaba con la aprobación de la Cámara de Representantes, pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. El paso siguiente es aprobar el primer plan nacional.
Como miembro informante del proyecto de Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, la senadora Mónica Xavier destacó el primer capítulo de la iniciativa, donde se establecen «las responsabilidades que el Estado deberá cumplir para promover el ejercicio igualitario de los derechos a efectos de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres».
El artículo segundo lo compromete a «adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas» que integren la perspectiva de género.
El tercero encomienda al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país en la materia.
El sexto encarga a la misma dependencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) promover la coordinación y articulación de instituciones y políticas públicas. Xavier llamó la atención acerca de que el éxito de dicho plan «radicará en el impulso de acciones coordinadas que impacten en nuestra sociedad».
El contenido del plan está enunciado en el artículo cuarto, e incluye garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria; promover ciudadanía plena garantizando su ejercicio, la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo, y cambios culturales que permitan compartir equitativamente el trabajo productivo y las relaciones familiares.
«La decisión de erradicar progresivamente la discriminación hacia las mujeres debe ser sostenida en el tiempo, sujeta a evaluaciones periódicas y a reformulaciones sucesivas de las acciones a llevar adelante», advirtió Xavier en su informe, agregando que para garantizarlo se crea el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género en la órbita del Mides.
El artículo octavo establece la integración de ese Consejo, en el que coincidirán representantes de todos los ministerios, de la Suprema Corte de Justicia, del Congreso de Intendentes, de la sociedad civil, Pit-CNT y cámaras empresariales y de la Universidad de la República.
Ente sus cometidos está asesorar al Poder Ejecutivo, velar por el cumplimiento de la ley y sus reglamentaciones y promover la elaboración de planes de igualdad departamentales.
El Consejo podrá realizar consultas a representantes de organismos públicos y a personas no estatales que puedan aportar en las distintas áreas del plan.
Según el artículo 13 y último de la ley, es obligatoria la remisión a la Asamblea General de una rendición de cuentas anual sobre los avances en la ejecución del plan, y la oportunidad será durante el emblemático mes de marzo.
El plan, que según la ley tendrá que ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los l80 días de su promulgación, en realidad ya está elaborado y pronto para su aprobación, luego de un intenso proceso consultivo a nivel nacional que condujo el Inamu durante el año 2006.
Según fuentes del Inamu, se espera obtener esa aprobación inmediatamente de promulgada la ley, a tiempo para que pueda ser presentado públicamente antes de que concluya marzo.
07/IV/GG
