La reforma a la Ley General de Salud propuesta por el Ejecutivo, «no garantiza el derecho a la salud ni su financiamiento equitativo. De ser aprobada se vulneraría la certidumbre de las cuotas y aportaciones que año con año deben realizar el Gobierno federal y los gobiernos de los estados», denunciaron organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En conferencia de prensa, la investigadora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Briseida Lavielle, señaló que la iniciativa presentada el pasado 10 de septiembre por Felipe Calderón para reformar los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la citada Ley tiene serías implicaciones en el financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular (SP).
«Estos cambios representan retrocesos en la garantía al derecho a la salud de la población al tiempo que no se propone una verdadera cobertura universal de la salud» toda vez que la reforma propone que el Gobierno Federal cobre anualmente una cuota social por cada persona afiliada al SP y que esta sea determinada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
«Esta pretensión de eliminar de la Ley General de Salud la fórmula que determina la cuota y aportaciones de la federación y los estados para dejar que la Comisión la determine discrecionalmente es inaceptable».
Lo anterior porque la fórmula actual ha dado certidumbre a los estados acerca del presupuesto que reciben de la federación y del monto de las aportaciones que les corresponde contribuir, con lo cual se ha logrado que tanto la federación como los estados han sido obligados por la ley a aportar un mínimo de recursos para la atención a la salud de la población sin acceso a la seguridad social, revirtiendo la tendencia de desfinanciamiento del sistema de salud, puntualizó Briseida Lavielle.
Además de la discrecionalidad con esta reforma, turnada a la Comisión de Salud, se propone «que el financiamiento se transforme de un esquema familiar a uno en el que los recursos se canalicen a las entidades federativas con base en las personas que tengan afiliadas».
Lo anterior justificándose en que hay que hacer «más equitativa la distribución de recursos puesto que se destinarían mayores recursos hacia aquellas entidades federativas que tienen un mayor número de integrantes de familia».
Briseida Lavielle, precisó que si bien la distribución de recursos del SP es inequitativa considerando el número de las y los integrantes por familia, existen otras profundas desigualdades entre los estados y las regiones que no son abordadas por la reforma ni consideradas en el diseño original del Seguro Popular, tal es el caso de desigualdad en la disponibilidad de infraestructura sanitaria, de equipamiento, de médicos y de enfermeras, en general de los recursos y personal sanitario, lo que impide el pleno disfrute del derecho a la salud de mexicanas y mexicanos incluyendo a las y los afiliados al SP.
Datos del Sistema Nacional de Información en Salud, señalan que existen 3 consultorios, 7 camas sensibles y apenas 1.4 médicos por cada mil habitantes.
CORTA COBERTURA, CORTOS RECURSOS
La investigadora de Fundar señaló que la propuesta también argumenta que con esto se permitirá avanzar en la cobertura universal de la salud, ya que con los mismos recursos asignados será posible afiliar a una mayor cantidad de personas.
«Esto es utópico, se ambiciona con 52 mil millones de pesos dar cobertura a las personas que aún no están afiliadas y se aspira con la misma cantidad dotar de servicios a los más de 28 millones de personas que este año ya son beneficiarias del mismo»
Si bien es cierto, agregó Briseida Lavielle, es indispensable una reforma a la Ley General de Salud, las decisiones sobre el financiamiento de la salud, la disponibilidad y la calidad de los servicios sanitarios deben ser tomadas en el marco de un debate amplio, informado y concienzudo, «no como la urgencia que demanda la próxima aprobación presupuestaria.» .
En este tema, señaló que los 52 mil millones de pesos proyectados en el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 (PPEF-2010), son insuficientes para cubrir los rezagos actuales y para financiar las necesidades sanitarias de las más de 40 millones de personas que pertenecen a la población abierta y que pretende ser afiliada al SP.
Cualquier iniciativa de reforma debe fortalecer la disponibilidad y la calidad de los servicios sanitarios atendiendo las fragilidades del sistema publico de salud, lo que implica incrementar los recursos. Prioridad que debe ser atendida de manera inmediata y de forma integral.
«El gobierno está obligado a garantizar la cobertura universal de la salud. Para lograrlo, debe corregir con urgencia las fallas estructurales del sistema de salud para que sea efectiva y no sólo afiliación en el papel».
El derecho a la salud implica mucho más que estar afiliado a un esquema de financiamiento, este derecho entraña condiciones mínimas que deben de quedar garantizadas en la provisión de bienes y servicios sanitarios, como son la calidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, elementos que actualmente se encuentra claramente ausentes en un sistema de salud que ha sufrido del abandono y la falta de inversión desde hace más de tres décadas, finalizó Briseida Lavielle.
09/GTR/LGL
