Propone España a activista Provida al Comité de la CEDAW

El próximo 7 de marzo termina el plazo de presentación de candidaturas para la renovación en junio de la mitad de las 23 expertas que integran el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
Las organizaciones feministas, de mujeres, Derechos Humanos y desarrollo españolas se enteraron que el gobierno del país ibérico, sin consulta previa, ni diálogo alguno con las expertas, propuso a Ana Peláez Narváez, quien es contraria al derecho al aborto legal.
 
Frente a ese hecho, la Plataforma CEDAW Sombra, integrada por más de 270 organizaciones, lanzó una campaña para pedir “transparencia y defensa de todas las mujeres en la candidatura de España al Comité de la CEDAW 2016”.
 
La Plataforma CEDAW denuncia la “política oscurantista, antifeminista y oportunista del (gobernante) Partido Popular (PP) en el nombramiento”, ya que no sólo no consulta a las organizaciones feministas, sino que ignora y combate a las verdaderas expertas en la materia, debilitando los mecanismos nacionales e internacionales para la igualdad de género.
 
Según explican en una carta, en los últimos cinco años, el gobierno de España se ha caracterizado por ejercer la práctica habitual de no entablar ningún diálogo con los grupos feministas en el marco de los acuerdos y decisiones que se producen a nivel internacional en materia de igualdad, no discriminación y violencia contra las mujeres, ignorando así, de forma reiterada, a las principales expertas y organizaciones destacadas en la materia.
 
Sin negar el trabajo de Ana Peláez en la ONCE, el CERMI y como miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, las organizaciones señalaron “su activismo contrario a la movilización feminista por el derecho al aborto en España en 2014 y 2015”.
 
Esa postura es contraria a las propias observaciones del Comité de la CEDAW al Estado español, que dicen: “Garantice que no se apruebe el proyecto de ley sobre el derecho al aborto para las niñas y mujeres de 16 a 18 años de edad”, y “que los Estados parte se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud”.
 
En España hay muchas expertas, referentes internacionales y con largas trayectorias en los ámbitos jurídicos, políticos, académicos y sociales en el marco de las políticas contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, u otras que deberían tener cabida en un proceso de “publicidad y concurrencia, por mérito y capacidad en la lucha contra la discriminación y la violencia de género”, y no, como ya hizo el gobierno en 2015 para el Grupo de Expertas del Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de Género, “a dedo y a escondidas, significando la actitud profundamente antidemocrática de este gobierno”, acusaron las activistas.
 
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