De aprobarse las reformas a la Ley General de Salud, propuestas el pasado 1 de diciembre por el diputado priista César Augusto Santiago Ramírez, las instituciones de salud pública estarían obligadas a prestar servicios de calidad para la interrupción legal del embarazo, siempre y cuando esté permitido por los ordenamientos jurídicos de su región.
Así lo explicó ayer el abogado Pedro Morales Aché, especialista en el tema de salud sexual y reproductiva, durante la presentación oficial de la iniciativa en el foro denominado «discusión Pública de la Iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud», convocado por el sector femenil del movimiento territorial del PRI y al que asistieron integrantes de organizaciones civiles.
Morales Aché explicó que existen desigualdades regionales que tienen que ver con la regulación penal del aborto y el establecimiento de supuestos permitidos para practicarlo, por lo que la iniciativa tiene como objetivo acabar con ellas para que las mujeres de cualquier nivel socioeconómico tengan acceso a los servicios en instancias públicas, siempre y cuando obedezca a los ordenamientos de las leyes locales.
En entrevista con Cimacnoticias el abogado explicó que el problema es que en 29 estados de la república mexicana, las mujeres tienen derecho al aborto bajo algunas causales, pero no tienen los medios para practicárselo y de ahí la necesidad de reformar a la Ley General de Salud.
Durante el foro, explicó que la propuesta contempla la atención en las instancias de salud pública durante el embarazo, parto y puerperio, aborto espontáneo así como la interrupción del embarazo en los supuestos autorizados por la legislación penal.
Precisó que no se pretende ampliar o reducir los supuestos o excepciones de las leyes locales, sino respetar y garantizar el derecho de todas las mujeres mexicanas para acceder a la prestación de servicios cuando ello es permitido por el ordenamiento jurídico.
La objeción de conciencia a título individual de los prestadores de salud, está reconocida en la iniciativa pero no la objeción institucional, explicó Pedro Morales, a menos que esté en peligro la vida y la salud de las mujeres y eso es «una aportación importante pues las instituciones públicas de salud tienen la obligación de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de médicos no objetores».
La propuesta de reforma establece que el Estado tiene la obligación de reconocer y suministrar todos los métodos anticonceptivos que, por eficacia y seguridad, estén acreditados científicamente.
De aprobarse, dijo, se terminaría con la desigualdad en el acceso de las personas usuarias de servicios de planificación familiar y anticoncepción que ahora están vulnerados por la ideología del gobierno local de las diferentes entidades federativas.
INICIATIVA SIMILAR A LA PROPUESTA POR PRD EN 2005
Cabe recordar que en 2005, la legisladora perredista Martha Lucía Micher Camarena presentó una propuesta para reformar la misma Ley que incluía todo un apartado en salud sexual y reproductiva, misma que quedó en la congeladora de San Lázaro debido a las presiones de los grupos conservadores del Partido Acción Nacional y de la Comisión de Salud.
Al respecto, Morales Aché reconoció que esta iniciativa es muy similar a la de Micher Camarena, al tiempo que señaló que la aprobación de ésta última, dependerá de nueva cuenta, de la Comisión de Salud.
Cabe aclarar que el diputado que preside la Comisión de Salud es el guanajuatense Ector Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), grupo parlamentario que ha impulsado en alianza con el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, las reformas constitucionales en 16 entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación.
Morales Aché destacó que la propuesta es que se satisfagan «las necesidades particulares de los grupos y poblacionales específicos atendiendo al género, la edad y orientación sexual», por lo que consideró que la iniciativa «subsana una omisión de la ley general de salud porque el hecho de ser mujer comprende diferentes necesidades biológicas y en ocasiones normativas».
En su oportunidad la antropóloga feminista Martha Lamas Encabo, expuso que «hombres y mujeres somos iguales como seres humanos pero somos distintos como sexos» y explicó que la diferencia sexual en el proceso reproductivo en el cuerpo de las mujeres tiene necesidades diferentes y la propuesta priísta las reconoce y busca atenderlas.
La salud sexual y reproductiva, de acuerdo a la iniciativa, también comprende, la salud materno-perinatal, la salud de las personas adolescentes, los servicios de planificación familiar, anticoncepción, prevención y atención y tratamiento de los cánceres reproductivos.
Asimismo, pondera la decisión de las personas menores de edad sobre sus necesidades sexuales y reproductivas en caso de conflicto familiar entre estas necesidades y las creencias de sus padres y propone un capítulo específico de salud para niñas y niños.
Entre las organizaciones asistentes a la discusión estuvieron el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Católicas por el Derecho a Decidir, Salud Integral para la Mujer y la Coalición por la Salud de las Mujeres, entre otras, así como el legislador priista autor de la iniciativa.
09/PRA/LGL
