La senadora Lucero Saldaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un Punto de Acuerdo para que el Senado de la República conforme una «Comisión Especial para la evaluación de Beijing +10 desde la perspectiva parlamentaria».
Propuso que el Poder Legislativo, a través del Senado de la República, como Cámara encargada de analizar la política exterior y como representante de los Estados de la Federación, forme parte del ejercicio de evaluación.
Ello servirá para plantear los retos actuales y las estrategias de largo alcance para el avance y empoderamiento de mujeres y niñas.
Lucero Saldaña, señaló que en la Sesión 48 de la Comisión para la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas, se decidió que Beijing +10 no daría lugar a la realización de una Quinta Conferencia Mundial, sino que sería un espacio para la revisión de su aplicación centrada en el ámbito de acción nacional, utilizando el diálogo interactivo y la interlocución basada en la participación de las delegaciones gubernamentales de alto nivel, así como de las organizaciones de la sociedad civil y las agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Por lo anterior, continuó la legisladora priísta, la 49 Sesión de la Comisión, a celebrarse del 28 de febrero al 11 de Marzo de 2005, será el contexto para llevar a cabo una revisión global y regional de la implementación de la Plataforma de Acción y los documentos finales de la sesión especial de Beijing+5.
En este sentido, la legisladora mencionó que los gobiernos son los principales responsables de la aplicación de la Plataforma de Acción, por lo que deben jugar un papel rector en la coordinación, la supervisión y la evaluación de los progresos que se alcancen en el adelanto de la mujer.
Sin embargo, la aplicación depende también de una gran variedad de instituciones del sector público, privado y no gubernamental a nivel comunitario, nacional, sub regional, regional e internacional.
Esto implica la participación activa del Poder Legislativo, siendo esta misma razón la que ha motivado a organismos parlamentarios de carácter internacional, como la Unión Interparlamentaria y la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, a impulsar en su interior la realización de una evaluación de Beijing+10 desde el punto de vista parlamentario.
Destacó que el poder legislativo está comprometido a crear y mantener un entorno jurídico que no sea discriminatorio y tenga en cuenta las cuestiones de género, revisando la legislación con miras a tratar de eliminar las disposiciones en ese sentido, preferentemente antes del 2005.
Asimismo, se deberán colmar las lagunas legislativas que dejan a mujeres y niñas sin la protección de sus derechos e impiden recurrir eficazmente contra la discriminación basada en el género, según lo establecido en el propio apartado A, inciso b) fracción IV de la Plataforma de Acción.
En virtud de esta responsabilidad, continúo, México tiene que velar por la aplicación de dicho instrumento, por lo que insistió en que el Senado de la República, como Cámara encargada de analizar la política exterior y como representante de los Estados de la Federación, forme parte igualmente de este ejercicio de evaluación desde nuestro país.
Planteó la participación de los sectores público, privado y social, y que sirva también para un replanteamiento de las asignaturas pendientes en la agenda legislativa respecto a los compromisos internacionales y los temas que deben necesariamente ser incluidos en la misma.
2004/LS/LR
