Las diputadas federales del PRD Enoé Uranga Muñoz, Magdalena Torres Abarca y Esthela Damián Peralta presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con punto de acuerdo, para solicitar que se integre un grupo plural de trabajo que viaje a Chihuahua y dé seguimiento puntual a las investigaciones del asesinato de la activista Marisela Escobedo.
Las legisladoras pidieron también a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua que fije plazos para dar avances de las pesquisas de los asesinatos de Marisela Escobedo, cometido el pasado 16 de diciembre; y el de su hija, Rubí Marisol Frayre, perpetrado en agosto de 2008.
En tribuna, la diputada Magdalena Torres expuso que el asesinato de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua «se torna cada vez más turbio e indignante entre tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detienen». Subrayó que este feminicidio permanece en la impunidad.
En la propuesta de punto de acuerdo, las perredistas acusaron que a pesar de la exigencia de justicia de organismos internacionales por la muerte de Escobedo, el Ejecutivo federal sólo parece tener capacidad para «condenar el asesinato».
Por tal motivo y debido a la «urgencia» del caso, las diputadas demandaron que este crimen se esclarezca y se castigue a todos los culpables. Exhortaron al gobernador de Chihuahua, César Duarte, y al Poder Judicial de aquella entidad a que admitan públicamente su responsabilidad en el caso y que reparen el daño a las víctimas.
Asimismo solicitaron la intervención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y pidieron que el Estado Mexicano cumpla cabalmente la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en noviembre de 2009 y que condena y pide castigo al feminicidio en Ciudad Juárez.
Las legisladoras federales consideraron que el asesinato de Marisela es una «desgracia» que comenzó el día en que los jueces Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudit Jurado absolvieron a Sergio Barraza Bocanegra del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, por lo que exigieron al Consejo de la Judicatura del estado investigue y sancione a los tres jueces.
Por último, urgieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que otorgue el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de Estados Unidos para que reciban asilo político en ese país, y pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública federal brinde todas las medidas de protección para salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares de la activista.
Se prevé que la Primera Comisión de Trabajo dictamine el punto de acuerdo la próxima semana para que posteriormente sea votado por el pleno de la Comisión Permanente.
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