El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí presentó este miércoles la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia, que de ser aceptada, permitiría al igual que en el Distrito Federal y Coahuila, la unión legal entre parejas del mismo sexo, informó la agencia NotieSe
Esta iniciativa de ley fue redactada por Jorge Escudero Villa, asesor jurídico del PRD, quien comentó que dicha ley «toma lo mejor del Pacto Civil de Solidaridad del estado de Coahuila y la Sociedad de Convivencia que ya está vigente en la capital de la República, llegando a los mismos alcances», aunque resaltó que en este caso a diferencia de las otras, de aprobarse la nueva legislación, podría llegar a alcanzar el carácter de concubinato.
Después de una intensa investigación social, Escudero Villa, concluyó que la población potosina «está preparada para recibir esta ley, además hace falta, pues hay personas adultas en abandono, esta ley les permitirá unirse para proteger sus bienes, además de que da reconocimiento a los nuevos modelos de familia», comentó.
POLÍTICA LABORAL CALDERONISTA ATIENDE SÓLO INTERÉS PATRONAL
México, DF.- «Con las resoluciones laborales en contra de los intereses de los trabajadores mineros y de los sobrecargos de Mexicana de Aviación, el gobierno Calderonista muestra su servilismo con los grandes empresarios de nuestro país y hace ver que sigue pagando facturas a quienes lo impusieron en el cargo», aseguró la secretaria del Trabajo del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, Bertha Elena Luján.
La funcionaria lopezobradorista hizo énfasis, en un comunicado de prensa, que «a partir de la demanda patronal de naturaleza económica que planteó desde hace dos meses disminuir derechos y prestaciones a los sobrecargos de la línea Mexicana de Aviación, presentada con múltiples deficiencias porque nunca se precisó lo que se quería, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contando con el voto patronal y del representante del gobierno, resuelve que serán los trabajadores los que con la disminución del 35 por ciento de su salario saquen a la empresa adelante».
Con esto, aseguró Luján, queda en evidencia que la política laboral del gobierno de Felipe Calderón atiende sólo al interés patronal. «Los derechos laborales y la ley no cuentan. Estos atentados contra los intereses de los trabajadores deben ser denunciados, además de exigir el cumplimiento del Estado de derecho y el respeto a las garantías constitucionales que protegen al trabajador», enfatizó.
LAMENTABLE SITUACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA, ACNUR
Colombia.- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertó ayer sobre la magnitud de la crisis que continúan viviendo año con año los pueblos indígenas en este país, a raíz del conflicto armado que ha durado ya más de 40 años.
Mediante un boletín señaló que mil 300 indígenas se encuentran confinados en sus territorios sin poder huir del conflicto debido a que la tierra está minada.
En este sentido el representante del ACNUR, Roberto Meier, sostuvo que mientras continúe el conflicto armado se seguirá temiendo por la supervivencia cultural de los 80 grupos indígenas de Colombia, uno de los países más ricos y variados del mundo por su patrimonio autóctono.
COMPROMISOS PENDIENTES DESDE LA FIRMA DE ACUERDOS DE PAZ
Costa Rica.- En el marco del XX aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz Esquipulas II, conmemorado en San José de Costa Rica ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) hizo llegar a los presidentes de Centroamérica, a través de sus embajadas, una carta recordándoles los compromisos pendientes en la región en materia de derechos humanos.
Entre ellos, la necesidad de fortalecer la administración de justicia y garantizar la independencia judicial.
«Lamentablemente las debilidades estructurales de los sistemas de justicia y la injerencia política coadyuvan a que las violaciones de derechos humanos del conflicto armado continúen en la impunidad», señala Cejil.
Y enfatiza que la utilización de figuras como la prescripción y la amnistía frente a las graves violaciones a los derechos humanos conlleva no sólo el irrespeto de estos derechos y de los compromisos internacionales asumidos por los Estados entre ellos y ante la comunidad internacional.
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