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Proponen preliberar a mujeres sentenciadas por traslado de drogas

Por Rafael Maya

El grupo parlamentario del PRD presentó este jueves al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Código Penal federal y a la ley de normas mínimas sobre la readaptación social, en materia de delitos contra la salud cometidos por mujeres.

En tribuna, la diputada federal Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó que a la degradación del sistema carcelario en México se agrega la discriminación en contra de las mujeres, tanto en la impartición de justicia como en la compurgación de penas.

Apuntó que son necesarias reformas al Código Penal federal y a la ley de normas mínimas sobre readaptación social, para que las mujeres sentenciadas por delitos contra la salud tengan derecho a la remisión de la pena y a la libertad preparatoria al considerarse su condición de desigualdad social y económica.

Por tanto, la iniciativa propone reformar el inciso “b” del artículo 85 del Código Penal, referente a que no se concederá la libertad preparatoria a quienes cometan delitos contra la salud, “salvo que se trate de individuos que presenten atraso cultural o marginación social o extrema necesidad económica”.

A su vez, se reformaría el artículo 16 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en el punto que señala que la remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados, a salvo de “las propias excepciones previstas” en el artículo 85 del código penal federal.

Aragón Castillo explicó que 4.4 por ciento de la población total presa en México son mujeres, de las cuales la mayoría tiene entre 18 y 35 años de edad. De ese total de reclusas, 86 por ciento son madres con un promedio de 3.5 hijos. La mayoría son encarceladas por delitos contra la salud.

La legisladora consideró que las mujeres encarceladas por traslado de estupefacientes –las llamadas “burreras”– “no son traficantes de drogas por elección”, sino que se ven obligadas por la violencia de sus parejas o por la pobreza en la que viven ellas y sus familias.

Señaló que actualmente 13 mil menores de todo el país padecen la reclusión de sus madres y que casi dos mil de ellos viven al lado de ellas, “por lo que el círculo de perdición iniciado por un abusivo traficante que usa y desecha a las mujeres de acuerdo a su conveniencia, se traslada a los hijos de éstas negándoles la posibilidad del crecimiento personal, lícito y productivo”.

El sistema carcelario en México, dijo, lejos de cumplir su función de readaptar socialmente a las personas presas, reproduce la corrupción, hacinamiento, insalubridad e impulsa la planeación de nuevos ilícitos.

El proyecto de decreto se turnó para su estudio y análisis a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación y Seguridad Pública.

       
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