La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos del congreso de Jalisco, aprobó un dictamen para considerar como “víctimas indirectas” a la infancia en orfandad por el feminicidio de sus madres.
La iniciativa que presentaron en junio de 2017 las diputadas María del Rocío Corona Nakamura y Martha Villanueva Núñez, la avaló la Comisión el pasado 26 de octubre e impulsa modificaciones a diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Desarrollo Social locales, con el fin de que el gobierno jalisciense garantice “la atención, protección, asistencia y genere políticas públicas para la orfandad por feminicidio u homicidio”.
Hasta marzo de 2017 la Fiscalía General de Justicia estatal registró 175 casos de feminicidio que dejaron en la orfandad a 122 hijos e hijas de las víctimas, de ellos, 64 son menores de edad y únicamente un 44 por ciento cuenta con un apoyo del gobierno (28 casos en total), indica la iniciativa.
Aunque falta que el dictamen sea aprobado en el pleno del congreso, la iniciativa de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone generar condiciones de protección a los hijos e hijas de víctimas del feminicidio con la reforma a los Artículos 28 y 232 Bis del Código Penal de Jalisco para establecer que cuando el feminicidio lo perpetre el padre de los menores de edad, pierda provisionalmente los derechos de visita y convivencia con sus hijos e hijas, y en caso de darse una sentencia definitiva, finalmente le quiten la patria potestad. Esta modificación también quedaría asentada en el Código Civil.
También se adicionaría un párrafo al Artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social para que el gobierno de Jalisco genere programas sociales que contemplen becas educativas (incluidos útiles escolares, uniformes y apoyos para el transporte).
PROTOCOLO DE ATENCIÓN
Con la modificación a los Artículos 4, 8, 29, 31, 37, 42, 72, 80, 98 y 103 de la Ley de Atención a Víctimas sería responsabilidad de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) activar de forma inmediata un protocolo de atención y protección especializado, una vez que el Ministerio Público le dé a conocer de algún caso de estas víctimas indirectas del feminicidio, precisa el dictamen.
La CEAV garantizaría las medidas de emergencia y rehabilitación de esta infancia a través de tratamientos psicológicos y asistencia jurídica, además de dar seguimiento y vigilar que no se interrumpa la atención.
El siguiente paso es que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Jalisco) les procure “alojamiento y alimentación en espacios libres de violencia entre sus familiares o, en su defecto, en albergues acondicionados por el gobierno o la iniciativa privada”.
En este sentido, la reforma contempla que por obligación el registro de las víctimas indirectas del feminicidio los debe llevar la Fiscalía de Justicia local.
DOBLEMENTE VICTIMIZADOS
Las legisladoras argumentan que los hijos e hijas de víctimas de feminicidio “están doblemente victimizados: por un lado cargan con el acto traumático –del asesino de sus madres- y por otro la burocracia no los voltea a ver. Son niños y niñas asustados, deprimidos, con baja autoestima”, describen.
Cimacnoticias realizó en marzo de 2017 una investigación que da cuenta de las afectaciones que tiene en la infancia el feminicidio de sus madres, además de los obstáculos que enfrentan para que el Estado los reconozca como víctimas.
Entre los casos emblemáticos en Jalisco está el feminicidio de Betsabé García ocurrido en 2015 en el municipio de Tlajomulco. Ella fue asesinada por su pareja enfrente de sus cinco hijos cuando tenían 10, 9, 3 y dos de 7 años de edad. Hoy están bajo el cuidado de sus abuelos, quienes acompañados de organizaciones sociales lograron el acceso a un apoyo social.
Este caso motivó el único programa dirigido a la orfandad por el feminicidio en Jalisco, llamado “Programa de apoyo económico para las hijas o hijos víctimas de feminicidio”, el cual está coordinado por es el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), pero únicamente tiene la capacidad de atender por un año a 66 menores de edad, a través de un apoyo económico, asesoría jurídica y terapia psicológica.
Es por ello que la iniciativa de las diputadas Rocío Corona y Martha Villanueva prevé que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado para el próximo año, se etiqueten recursos para la ejecución de los programas de ayuda y asistencia social para la infancia en orfandad por este delito.
En tanto, para el resto del país, la Comisión de Igualdad de Género aprobó recientemente la iniciativa para reformar el Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que de aprobarse en el pleno de la Cámara de Diputados, obligaría los estados y municipios a diseñar programas sociales para este sector.
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