La propuesta para que Marisela Morales Ibáñez sea la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en un momento en el que el país padece altos índices de criminalidad y violencia —en particular contra las mujeres—, evidencia que Felipe Calderón utiliza de manera «convenenciera» el discurso de la igualdad.
En opinión de investigadoras y especialistas, este cambio que se da en la recta final del sexenio no garantiza transformaciones profundas en materia de seguridad y acceso a la justicia, por el contrario —aseguran— demuestra que Felipe Calderón maneja un discurso a favor de las mexicanas pero no lo pone en práctica.
En opinión de Angélica de la Peña, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, cambiar de procurador en una dependencia de «gran inestabilidad» llega en el peor momento del sexenio y subraya que desde 2006 se pudo nombrar a la candidata o candidato con el mejor perfil para el puesto.
La ex diputada federal señaló que las mujeres pugnan por participar en los espacios de decisión y por romper con los estereotipos que las ubican en labores «propias de su naturaleza femenina» cuando no debe ser así, porque también son capaces de intervenir en temas políticos, fiscales y de seguridad.
No obstante, aclaró que en esta ocasión la eventual procuradora —quien debe ser ratificada por el Senado— recibe una «papa caliente», y advierte que sin cambios profundos en las «erróneas» políticas de seguridad y justicia no se verá una transformación real en una de las instituciones más cuestionadas.
Cabe recordar que en septiembre de 2009 organizaciones de la sociedad civil evidenciaron que el entonces procurador de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez, carecía de autoridad moral y de compromiso con las mujeres asesinadas y desaparecidas.
Chávez Chávez —quien también fue procurador general de Justicia de Chihuahua de 1996 a 1998— cuestionó la honorabilidad de las víctimas de feminicidio refiriéndose a la «doble vida» que llevaban o a la ropa «provocadora» que usaban, con lo cual las responsabilizó de los crímenes. Sus dichos le valieron ríspidas criticas.
Por su parte, la directora del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Claudia Cruz Santiago, señaló que el cambio en la PGR no da confiabilidad ni credibilidad a la sociedad ya que no es un signo de que el país goce de un Estado de Derecho.
Afirmó que ser mujer «no significa tener conciencia de género» o emprender acciones en favor de la sociedad.
Cruz Santiago destacó que aunque la PGR —dependencia que tiene a su cargo la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas— está encargada de garantizar justicia, en la realidad no cumple con su función ya que criminaliza los movimientos sociales, la juventud y a las mujeres.
La activista lamentó que la PGR sea la principal promotora de la violencia institucional toda vez que en mayo de 2007, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México.
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