El grupo plural por el Derecho a Decidir, en Baja California Sur rechazó la propuesta de un grupo de ciudadanos y religiosos entregada al congreso estatal que busca reconocer el derecho a la vida desde el momento de la fecundación, porque es un gran retroceso que no atiende la salud de las mujeres, promueve los abortos clandestinos, y va en contra de su derecho a decidir.
En un comunicado, las integrantes del grupo advirtieron que dicha propuesta para que se encarcele y persiga a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, transgrede los derechos de la mujer y violenta el marco jurídico mexicano, así como los tratados internacionales que la protegen.
Por ello, el grupo por el Derecho a Decidir destaca que es urgente y necesario hacer del conocimiento público, las repercusiones jurídicas y sociales que buscan con la reforma a la constitución estatal.
La modificación al artículo 8 constitucional local propone que: El Estado de BCS reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural; esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal.
Señalaron que este texto es altamente engañoso. Pretende reconocer como «persona nacida» a un óvulo fecundado y le otorga derechos, desconociendo que este se encuentra en el cuerpo de una persona que toma decisiones y que sí tiene derechos reconocidos en la Constitución Mexicana.
Proteger al óvulo desde el momento de su fecundación de manera absoluta, consagra a las mujeres sólo como recipientes reproductivos, y atenta contra el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos de manera libre, responsable e informada, garantía del artículo 4° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema en nuestro país.
Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictaminó que no hay una sola regla constitucional que establezca una protección directa al producto de la concepción con independencia o en contra de la voluntad de la madre.
Por lo tanto, la protección del óvulo fecundado, no es absoluta ni irrestricta, sino que debe determinarse analizando otros derechos protegidos de la mujer.
Por último, manifestamos que el aborto es un problema de justicia social, un tema que debe incluirse en toda política pública y en toda agenda legislativa, despenalizarlo es una causa justa, un derecho humano, y que México es un país con Estado laico, que supone libertad de conciencia y diálogo intercultural o religioso, que respeta los derechos y las ideas ajenas.
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