La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, medidas cautelares de protección para la activista juarense Cipriana Jurado Herrera, para «evitar hechos de difícil o imposible reparación» contra ella.
Desde el asesinato de la activista Josefina Reyes, el fin de semana pasado, diversas organizaciones nacionales e internacionales consideran que la vida de Cipriana Jurado está en peligro toda vez que lleva casos de violencia militar y desaparición forzada a manos de elementos del ejército
En un comunicado, la CNDH informó que está en contacto con Cipriana Jurado desde el 5 de enero y que mediante un oficio suscrito por el quinto visitador general, Fernando Batista Jiménez, se solicitó al gobernador Baeza Terrazas que se instrumenten medidas para garantizar su seguridad e integridad física.
Al igual que Esther Chávez Cano, activista fallecida el 25 de diciembre pasado que denunció el feminicidio en Ciudad Juárez, Cipriana Jurado es una de las mujeres que se opuso a que la seguridad pública fuera aplicada por elementos del ejército en la entidad.
Cabe recordar que hasta ayer por la tarde, la activista fue notificada de que la CNDH envió un oficio al gobernador en donde se solicita protección para su integridad.
Amnistía Internacional (AI) es otro de los organismos que ya solicitó medidas cautelares para la seguridad de Cipriana Jurado, quien colaboró con esta organización para el informe sobre violaciones a derechos humanos por parte del ejército en donde fue incluido el caso del homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien fue detenido en octubre de 2008.
Cabe recordar que a raíz de su trabajo en el caso de Saúl Becerra, Cipriana fue detenida en 2008 por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por una denuncia, de la que no recibió notificación, que «supuestamente» interpuso Caminos y Puentes Federales por unas protestas contra el feminicidio y los Cazamigrantes en 2005. (Cimacnoticias 7 ene 2010)
Cipriana, quien lleva más de 15 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos, expresó que lo anterior ocurre en una ciudad en la que las y los defensores de derechos humanos que denuncian violencia militar han recibido, como ella, hostigamiento y amenazas por su trabajo.
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