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Protesta de Mujeres denunciantes de Atenco frente a la Fevimtra

Por Lourdes Godínez Leal

El caso de 11 mujeres (de las 26) violadas por policías durante los operativos en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, que se encuentra en trámite de petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría sentar un precedente importante para incorporar la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con violencia sexual contra mujeres perpetrada por el Estado.

Así lo consideraron hoy las mujeres denunciantes de Atenco, como se han hecho llamar las 11 peticionarias que en abril de 2008 denunciaron al Estado mexicano por haber violado sus derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad, a la dignidad y privacidad, el acceso a la justicia, a la igualdad y a la no discriminación, durante un desalojo policíaco contra el campesinado florista del lugar.

En un acto de protesta afuera de las instalaciones de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), Bárbara Italia, una de las 11 peticionarias ante la CIDH, dijo en entrevista con Cimacnoticias que si bien esperan una condena al Estado mexicano por parte de la instancia internacional, también están muy conscientes de que no implicará que la Fevimtra sancione a los responsables de los delitos de violación.

La activista denunció que a tres años de ocurridos los hechos, lo único que han obtenido de esta instancia encargada de “perseguir y sancionar” los delitos de violencia contra las mujeres es “una política de puertas cerradas” ya que no hay interlocución.

Recordó que únicamente han sostenido una entrevista con la actual titular de Fevimtra, Guadalupe Morfín Otero, misma que se realizó en abril del año pasado, a dos meses de que ésta fuera nombrada fiscal especial, tras la renuncia en diciembre de 2007 de Alicia Elena Pérez Duarte.

“Guadalupe Morfín hizo caso omiso de las participaciones de las compañeras en su oficina y a tres años la exigencia siendo la misma: que se consigne a los responsables porque sí que tiene elementos para hacerlo, pero la respuesta también es la misma, ‘lo vamos a estudiar’”.

Uno de los argumentos que dio Morfín Otero a las mujeres de Atenco fue su desconocimiento sobre el caso, porque recién había sido nombrada fiscal especial, por lo que les pidió “tiempo”.

Pero ha pasado un año y sigue sin responder a la investigación, dijo la activista.

Bárbara Italia mencionó que continuarán realizando estos actos de protesta porque la lucha de las mujeres de Atenco no ha concluido, sobre todo para visibilizar la violencia y tortura sexual que ejerce el Estado mexicano contra las mujeres, que es sistemática y que en la mayoría de los casos permanece en la impunidad.

FEVIMTRA

De acuerdo al primer informe de actividades de la Fevimtra, durante el periodo de febrero de 2008 a enero de 2009, se han iniciado 124 averiguaciones previas mientras que 121 están en trámite.

Ha consignado 7, en 52 ha declarado su incompetencia para investigar y en 6 ha decidido no ejercer acción penal.

De las 52 en las que declaró su incompetencia, una fue remitida a la Visitaduría General, una a la Secretaría de la Defensa Nacional, una a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y 46 al fuero común.

“ACTOS ERÓTICOS SEXUALES”

Durante el mitin de protesta frente a Fevimtra, las mujeres denunciaron la impunidad persistente en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien hace un par de semanas absolvió al policía Doroteo Blas Marcelo, identificado por una de las víctimas como responsable de obligarla a realizarle sexo oral.

Blas Marcelo había sido sentenciado el 2 de mayo de 2008 por el Juez Primero Penal de Tenango del Valle en el Estado de México, Tomás Santana Malváez, por el delito de “actos libidinosos”, con una condena de tres años dos meses y siete días de prisión y a pagar una multa por mil 877 pesos.

Pero como la pena era menor a cinco años, según explicó en su oportunidad la abogada Jacqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) coadyuvante en la investigación y ahora peticionario ante la CIDH, Blas Marcelo podría obtener la suspensión condicional de su condena pagando una caución por 6 mil 549.40 pesos y la multa de mil 877 pesos.

LIBRE POR 8 MIL 426 PESOS

En semanas pasadas, la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó que “los medios de prueba se constituyen en indicios sólidos para determinar que efectivamente la denunciante fue objeto de un acto erótico sexual, pero de ninguna manera son atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”.

Por eso, el policía que abusó sexualmente de una de las mujeres de Atenco quedó libre de todo cargo y sin obligación de reparar el daño a su víctima.

09/LGL/GG

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