«¡Ni una muerte más!» es el lema de la campaña de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, que comenzó en esta ciudad con una protesta frente al Ministerio Público (MP) y el Congreso. Los objetivos de la movilización son una justicia eficaz y una legislación que apoye a las mujeres.
El grupo de mujeres vistió playeras azules para solidarizarse con las víctimas de la violencia. Mujeres de edad avanzada, jóvenes y hombres adultos se unieron la víspera a la protesta frente al MP para exigir que se investiguen todos los casos de mujeres asesinadas, sea quien sea la víctima.
La Red está decidida a emplazar al Estado y a la Fiscalía para que «de una vez por todas asuman su responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad de las mujeres y en la aplicación de justicia», dijo Hilda Morales, presidenta de la asociación.
«Los casos no se investigan y las mujeres tienen que llevar todo el peso de la acusación, como si no fuese suficiente ser la víctima», comentó Morales.
«Muchas de las mujeres del interior del país tienen que desplazarse hasta la Fiscalía de la capital para denunciar, y otras no pueden. Sólo hay un representante de la Fiscalía de la Mujer en Quetzaltenango y Guatemala. El resto de los fiscales no está suficientemente sensibilizado con el problema» afirmó.
Ana Lucía Alejos, vocera del MP, salió en representación del Fiscal General para recoger el pliego de peticiones que le entregó una integrante de la Red.
Después las manifestantes se dirigieron al Congreso de la República, donde representantes de la Comisión de la Mujer salieron a recibirlas. Morales les entregó un comunicado en el que se solicita que la iniciativa de ley para reformar el Código Penal pase al pleno del Legislativo y se apruebe en una sola lectura, por considerarla de urgencia nacional.
La respuesta del presidente de la comisión, Mauricio León, fue que «el punto resolutivo que posibilita que la iniciativa pase a debate ya ha sido aprobado por la Comisión».
La Red considera este hecho como un avance, pero cree que «las autoridades encargadas de aplicar justicia y de velar por la seguridad de los habitantes del país, pareciera que tienen las manos o el corazón atados para cumplir con sus obligaciones» agregó Morales.
La iniciativa de ley para modificar la legislación penal fue redactada por la Red en marzo del 2002, pero no fue aprobada.
Un estudio del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) apunta que los casos relacionados con violencia contra la mujer denunciados en el 2000 alcanzaron los porcentajes siguientes: 63, por violencia intrafamiliar; 13, violación; 7, negación de asistencia económica; 6, lesiones; 5, amenazas; 2, estupro; 2, rapto, y 1, abusos deshonestos.
De estos casos, el MP archivó el 35 por ciento; desistió de un 17; en 5 se llegó a acuerdo extrajudicial, en 2 por ciento se aplicó el criterio de oportunidad, 1 por ciento se sobreseyó; 1 por ciento se aplicó suspensión condicional, y 39 se cerró por diversas causas.
Según representantes de las mujeres, tales cifras demuestran que no se presta atención a los casos que afectan a este sector de la población.
Unos mil 200 casos ingresan mensualmente a la Fiscalía de la Mujer. «Con la fiscal tenemos muy buena relación, sobre todo en los casos en que estamos dando apoyo, pero no tienen capacidad para investigar», afirmó la Red.
En tanto, el fiscal general, Carlos de León, envió a su vocera Ana Lucía Alejos para atender a las mujeres que protestaban frente a la sede del ente encargado de la persecución penal y que exigían justicia.
La petición básica de la Red es que se refuerce la Fiscalía de la Mujer y se cree una fiscalía especial que investigue los asesinatos de mujeres.
Según la Red, es imprescindible, porque la Fiscalía de la Mujer está saturada de trabajo. La vocera del MP se comprometió a trasladarle el pliego de peticiones al Fiscal General. Afirmó que el MP «está poniendo especial atención a los casos de violencia contra la mujer, y pueden estar seguras de que se reforzará la Fiscalía».
Lo cierto es que el MP no ha resuelto la mayoría de los casos relacionados con crímenes contra mujeres. Además, en casi ningún departamento del país existe un delegado de la Fiscalía de la Mujer, por lo que los casos «tienen que ser atendidos por cualquier fiscal auxiliar, que no siempre tiene la sensibilidad suficiente para hacerse cargo del mismo», según la Red.
* Lorena Seijo es colaboradora del diario Prensa Libre de Guatemala
2003/ LS/MEL
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