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Pruebas de VIH decomisadas por Cofepris eran para mujeres embarazadas

Por Brisa Gómez
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Ante el hallazgo de 46 mil 900 pruebas de VIH fabricadas por un laboratorio chino, sin registro sanitario y adquiridas por  la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria y decomisó dichos materiales, que estaban destinados a  mujeres embarazadas.
 
Esta determinación de la Cofepris fue a partir de las investigaciones que se han llevado a cabo en Veracruz, tras la declaración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, respecto de la posible utilización de agua destilada en lugar de tratamientos de quimioterapia en pacientes oncológicos.
 
De acuerdo con lo dado a conocer por la Cofepris, estas pruebas fueron fabricadas por la empresa Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, la cual no cuenta con un registro sanitario en México, por lo que se determinó su aseguramiento.
 
Dichas pruebas fueron vendidas a la Secretaría de Salud por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., misma que al menos en una ocasión fue convocada a participar en procesos de licitación por invitación restringida, para proporcionar el servicio de mensajería y paquetería.
 
Esta empresa ganó la licitación GEV-SSV-22-LPE-1-03-11, de acuerdo con documentos de la Secretaría de Salud, para venderle a la dependencia las mencionadas pruebas de VIH.
 
RESULTADOS “NO TAN SEGUROS”
 
Las pruebas rápidas señaladas por la Cofepris fueron adquiridas para ser aplicadas a mujeres embarazadas como método para detectar durante la gestación si eran portadoras del virus de inmunodeficiencia humana y con ello aplicarles el tratamiento profiláctico necesario para impedir la transmisión del virus al feto durante el embarazo o al bebé durante el parto y la lactancia.
 
Sin embargo la dependencia federal señaló que tanto la efectividad como los resultados que pudieran arrojar, “no son seguros”.
 
PIDEN A ACUDIR A LA SS

Una alerta sanitaria se declara cuando se detecta que hay riesgos potenciales para la salud de la población e implica el desarrollo de acciones urgentes y eficaces, entre las que se encuentra la detección de la irregularidad, el decomiso de estos materiales y las investigaciones correspondientes.
 
Al dar a conocer la alerta sanitaria por parte de la Cofepris, esta hizo un llamado a la población para que, en caso de tener dudas o de haber sido sometida a una prueba de VIH con estas pruebas en la Secretaría de Salud, se pongan en contacto con la dependencia federal al número 01 800 0335 050.
 
PRUEBAS NO LOCALIZADAS
 
La integrante del Grupo Multisectorial VIH, Patricia Ponce Jiménez, declaró que ahora la Secretaría de Salud deberá comprobar que las 46 mil 900 pruebas rápidas de VIH decomisadas por Cofepris no pertenecen al lote de 70 mil que fueron  denunciadas y rechazadas por esa organización, pues de lo contrario existirían 23 mil no localizadas, con el riesgo de que hubieran sido utilizadas en la población.
 
La activista insistió en que la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de garantizar atención a este tema, especialmente en un momento en que la Federación, a través de la Cofepris, ya intervino y emitió esta alerta sanitaria.
 
Insistió en que la exigencia del Grupo Multisectorial es que la dependencia federal garantice ahora que las 70 mil pruebas defectuosas reportadas en 2011 fueron destruidas en su momento y que no se utilizó ninguna en la población a la que se practicó un examen de VIH a partir de ese año.
 
POSIBLE RESPONSABILIDAD LEGAL
 
Dijo que, en caso de no haberse cumplido con esa exigencia de destruir las pruebas que daban falsos negativos y se usaron de manera irregular, ahora la Secretaría de Salud deberá buscar a esas personas, mujeres, hombres y hasta menores de edad nacidos durante los últimos cinco años para practicarles una prueba real y confiable.
 
En caso de que estas personas, dijo, hubieran sido reportadas con un falso negativo, la Secretaría de Salud y el Estado tienen la responsabilidad de atenderlas e incluso podría llegar a haber responsabilidades legales adicionales.
 
También consideró que en el caso de que estas 46 mil 900 pruebas, pertenezcan a un lote diferente, deberá garantizarse que ninguna de esta entrega hayan sido utilizadas en la población.
 
En Veracruz está vigente la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Veracruz, en donde se establece en su Artículo tercero que:
 
“La actuación irregular de la administración pública origina el derecho a la indemnización, siempre y cuando el acto no sea anulado o revocado vía administrativa de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos antes de que se presente la reclamación respectiva”.
 
Es decir que por una actuación irregular de las dependencias municipales o estatales, la persona afectada puede recibir una indemnización.
 
Dicha Ley, en su Artículo cuarto, además dice que: “La lesión patrimonial, que incluye el daño moral, debe ser evaluable en dinero, real y directamente relacionada con una o varias personas. La Administración Pública sólo está excluida de responder por los daños y perjuicios causados por caso fortuito o fuerza mayor”.
 
17/BG/GGQ
 

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