En lo que va del actual proceso electoral, del 19 de septiembre de 2017 al pasado 13 de junio, organizaciones de la sociedad civil documentaron 45 casos de violencia política por razones de género, de los cuales 39 fueron contra candidatas y 6 contra precandidatas.
Así lo dijo la defensora de Derechos Humanos e integrante del Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, Teresa Pérez Vázquez, al participar en la presentación de los avances de 28 proyectos de observación electoral que se realizan con el auspicio del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) 2018 y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La defensora destacó que el actual contexto electoral es desfavorable para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres y detalló que los estados que registraron más casos de violencia política de género fueron Puebla con 13, 8 en Hidalgo, 4 en Guerrero y 3 en Oaxaca.
Precisó que 11 casos (25 por ciento) no fueron denunciados; 25 casos se denunciaron ante institutos electorales, 3 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), uno ante medios de comunicación y en otro se presentó una demanda en materia civil.
Otro tema que destacó son las resistencias para cumplir con el principio de paridad de género, documentado por las organizaciones Articulación Ciudadana; Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo; Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina; Desarrollo Género y Ciudadanía; Gente Diversa de Baja California y la Organización Fuerza Ciudadana.
Por ejemplo, en Morelos hubo resistencias para registrar a mujeres toda vez que un partido político no postuló candidatas por la vía plurinominal, otro estuvo a punto de perder el registro en 10 municipios por no cumplir con la paridad en los bloques de baja competitividad.
Si bien la entidad cumplió la paridad en las candidaturas a diputaciones y senadurías, las listas de candidaturas plurinominales estuvieron encabezadas por hombres, con excepción de un partido político que puso en primer lugar a una mujer, lo que le da más posibilidades de obtener el cargo.
En Baja California no se cumplió con la paridad e igualdad, ya que de 40 escaños a diputaciones locales y federales que han analizado, 17 candidatas son mujeres y 23 son hombres, aseguraron. A esto se suma que las y los candidatos no tienen propuesta con perspectiva de género en sus plataformas.
En Chiapas, señalaron las organizaciones, la lucha por el poder se está ejerciendo desde el Estado con la utilización masiva de recursos públicos para la compra del voto, en este contexto las mujeres rurales e indígenas son utilizadas como botín para atraer voto, se les “acarrea” en mítines o se les condiciona el uso de programas sociales como Prospera.
Además, señaló que para las tres coaliciones que buscan la Presidencia de la República la agenda de género no es prioridad, no tiene presentes a las mujeres en condición de pobreza, tampoco consideran los derechos sexuales y reproductivos ni temas como los derechos de las mujeres indígenas y rurales y tampoco están dando propuesta para niñas y adolescentes.
En política macroeconómica, de seguridad nacional y energética, las organizaciones destacaron que los partidos políticos no consideraron a las mexicanas como parte de la población afectada por las actuales políticas ni tomaron en cuenta su condición de desigualdad o su participación como actoras en la solución de los problemas planteados en sus plataformas.
En la mayoría de los temas, explicó Teresa Pérez Vázquez, los partidos colocaron a las mujeres como un eje transversal, en particular cuando hablan de seguridad, economía y trabajo pero no hablan de propuestas puntuales porque no tienen un análisis afín a la realidad mexicana.
Por otra parte, las agrupaciones realizaron un análisis de las iniciativas en materia de género de la 63 legislatura del Congreso de la Unión, en particular en los rubros de violencia, paridad y representatividad, de las cuales una porción considerable no fueron dictaminadas y quedarán como pendientes para las nuevas legisladoras y legisladores.
Las organizaciones que recibieron fondos para la observancia electoral manifestaron su preocupación por el clima de violencia política en México y la posible compra de votos pero dijeron que están trabajando en la observancia de tremas de integridad, derechos y comunicación y los resultados de sus proyectos se tendrán una vez que termine el proceso electoral del 1 de julio.
18/AGM/LGL
