En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora hoy, legisladoras de tres partidos políticos uruguayos anunciaron que impulsarán una ley que obligue a los partidos políticos a incluir mujeres en sus listas para cargos de elección popular.
Congresistas del Encuentro Progresista; del Partido Nacional y del Partido Colorado, anunciaron que impulsarán este año el proyecto de ley que establece cuotas para mujeres en las listas para cargos de elección popular a nivel nacional, departamental o partidario, como una herramienta para equilibrar la representación de los géneros en los lugares de decisión.
El tema sigue siendo polémico, incluso entre sus potenciales beneficiarias. A menudo las argumentaciones detractoras pasan por alto las pautas culturales que todavía condicionan las oportunidades de las mujeres y se expresan elocuentemente en un sistema político que ha sido incapaz de integrarlas en la medida deseable.
Pese a que las uruguayas conquistaron tempranamente el derecho al sufragio, actualmente apenas alcanzan el 12 por ciento de representación en el poder legislativo y en los cuadros del Poder Ejecutivo brillan por su ausencia.
Si se mantiene la tendencia, se calcula que recién en el 2070 podría alcanzarse la equidad entre los géneros. Este estado de cosas no parece muy natural, siendo que la población femenina supera en número a la masculina.
Por eso el proyecto de Ley de Participación Política, elaborado por la Comisión de Género y Equidad de la Cámara de Representantes y firmado por legisladoras de todos los partidos, a excepción del Colorado, en su artículo primero establece: «Toda lista de candidatos que se presente en las diversas instancias electorales: nacionales, departamentales o partidarias, no podrá contener más del 70 por ciento de integrantes del mismo sexo».
La norma regirá también para las elecciones internas de los partidos políticos. La redacción deja abierta la posibilidad de que esa mayoría pueda corresponder tanto a hombres como a mujeres, aunque en principio lo que estas últimas reclaman para sí es como mínimo un 30 por ciento de los lugares.
La incapacidad de integrar en el ámbito de la democracia representativa la mitad de los ciudadanos es una de las contradicciones más graves de la democracia.
La presencia de mujeres en las instancias de decisión política debería ser proporcional a su peso efectivo en la población. El pequeño numero de mujeres en cargos de representación es un indicador de la naturaleza excluyente del sistema político y de su déficit democrático.
Podría agregarse que ese déficit es reflejo del que hay en la sociedad misma. Si bien gracias a su propio impulso, las mujeres han ido ganando una presencia cada vez mayor en todos los ámbitos del quehacer social, persisten nichos resistentes al cambio, tanto en el ámbito privado como en el público.
Entre ellos, el sistema político, de tal manera organizado en masculino que a la hora de repartir candidaturas difícilmente se piensa en las correligionarias, aunque éstas tengan mucha presencia en las bases partidarias. Y si no son postuladas, la ciudadanía no tendrá oportunidad de optar por ellas.
PARA ACORTAR CAMINO
Uno de los argumentos preferidos de los detractores de los cupos femeninos privilegia una competencia que presume democrática y por tanto pone en duda la legitimidad de llegar por una legal.
Pero se trata de una petición de principio: se puede competir democráticamente, en igualdad de condiciones, que es justamente lo que las mujeres no tienen.
Otro apunta a la calificación para el cargo. Aún por cupo es menos probable que accedan mujeres poco calificadas porque como siempre deberán presentar un examen.
Se suele alegar también que en la base abundan las militantes, lo que a su vez desnuda la falsedad de que a las mujeres no les interesa la política- pero que luego se «achican» ante la eventualidad de asumir mayores responsabilidades.
Vale señalar que aún hoy la distribución de las otras responsabilidades, particularmente las domésticas y familiares- dista mucho de ser equitativa. Y eso es un gran condicionamiento para las mujeres, habitualmente a cargo exclusivo de ellas.
Las parlamentarias del Partido Colorado interponen una razón técnica: la cuota no beneficiaría a las mujeres en el interior del país, excepto que lograran ocupar los primeros lugares de las listas.
Tal vez el sólo hecho de que por fin se hicieran visibles, contribuiría a posicionarlas mejor en el futuro e impulsar la participación de otras.
Se dice también que, al igual que las mujeres, podrían reclamar su propia cuota de participación otros sectores homogeneizados por etnia, oficio, adscripción laboral, etc. Se olvida que las mujeres no reclaman como corporación, sino como género que trasciende a todas las posibles corporaciones.
No hay duda que la educación es la herramienta fundamental para producir el cambio cultural que demanda la equidad, pero su trámite es lento y sobran pruebas. Mientras, la aplicación de cuotas es un atajo que adelanta en el camino hacia un objetivo que ni siquiera discuten hoy quienes tanto se incomodan con ella.
* Integrante de la Red de Periodistas
IV/MEL
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